Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?", gritaban hace unas semanas cientos de mujeres durante una manifestación en la Ciudad de México con motivo del Día de la Madre en el país azteca. Muchas de ellas llegaron de los estados norteños de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, así como de Michoacán y Guerrero, donde el fenómeno se está viviendo desde hace años con especial intensidad. Solo en Chihuahua se presume que hay 1.500 desparecidos y "no hay un solo caso que se haya resuelto", denuncia Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres del estado (CEDEHM). Con su llegada al poder, el Gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer por primera vez una lista oficial con 26.121 desaparecidos entre 2006 y 2012. Algunas son víctimas de desapariciones forzadas, en las que hay funcionarios públicos implicados, otras han sido privadas de su libertad por bandas criminales y otras, simplemente, se fueron de casa sin avisar a nadie.
Lo cierto es que, en la actualidad, no está claro cuántas personas continúan desaparecidas, porque las autoridades siguen ignorando esta problemática. Human Rights Watch (HRW) advierte de que la lista contiene información incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa, aunque destaca su valor porque "no deja dudas sobre la magnitud sin precedentes de la ola de desapariciones".
"Durante años, el Gobierno de Felipe Calderón ignoró el creciente problema, el país no adoptó medidas serias para abordarlo. Esto dio lugar a la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas", denuncia HRW. El cambio de Gobierno de 2012 despertó tímidas esperanzas, sin embargo, según Gabino Gómez, "sigue habiendo negligencia, impunidad y contubernio de autoridades ministeriales y policías que, como mínimo, han sido omisas". "De hecho, ahora es peor, porque tratan de ocultar de una manera más fuerte el problema impulsando campañas de engaño a la población en las que aseguran que la seguridad ha mejorado, que hay un abatimiento de crimen", subraya.
Impunidad "Mi hijo desapareció en 2009. Desde entonces voy cada dos meses a ver a las autoridades en busca de avances en la investigación pero nunca hay nada, ni datos de su celular, ni de su coche, nada, como si se lo hubiera tragado la tierra", lamentaba el sábado Guadalupe Rendón, del estado de Sinaloa, en declaraciones a Associated Press. "Óscar Herrera, el mío, desapareció también en ese estado junto con tres compañeros. Iban en el coche y les detuvieron unos policías que más tarde fueron arrestados. Esos agentes dijeron que se los habían entregado a Los Zetas, pero nunca supimos nada más, ni rastro de ellos, aunque luego averigüé que en ese mismo lugar, un mes antes, habían desaparecido otras dos personas", contó al mismo medio Rosario Villanueva.
HRW y Amnistía Internacional han denunciado en sendos informes tanto la impunidad que existe en torno a las desapariciones como la implicación de elementos del Estado en muchos de los casos. "Uno de los factores del gran aumento de las desapariciones ha sido la negativa de diversas autoridades e instituciones a aceptar los casos que les presentaban los familiares de las víctimas. Por ejemplo, la red de comisiones estatales de derechos humanos se ha negado por norma general a ayudar a las familias, sobre todo si estas no podían demostrar la participación directa de funcionarios públicos, a pesar incluso de que hubiese indicios de que la policía y la procuraduría no habían cumplido sus obligaciones jurídicas de emprender investigaciones exhaustivas", señala AI.
La búsqueda de los seres queridos es una lucha que familiares y asociaciones de derechos humanos hacen en solitario, expuestos a infinidad de riesgos sin ningún tipo de protección o apoyo. Ante la inacción de las autoridades competentes, en muchos casos, las familias se encargan de hacer las pesquisas que corresponden a la fiscalía. "Son las propias autoridades las que intentan hacer todo lo posible para que las familias no se organicen", denuncia Gabino Gómez.
Hace un mes, Sandra Luz Hernández, que buscaba a su hijo por su cuenta, apareció muerta en una calle de Culiacán (Sinaloa). Édgar Guadalupe García Hernández, un joven de 25 años que trabajaba en la Procuraduría General de Justicia en Sinaloa, fue secuestrado en febrero de 2012 por un grupo de hombres armados que irrumpió en su domicilio. Nunca más se supo de él y el asesinato de su madre ha sobrecogido nuevamente a la sociedad mexicana. Sandra Luz tuvo una reunión con funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, a quienes informó de que se encontraría con un supuesto informante. Sin importarles su seguridad, las autoridades la dejaron ir sola. Horas después, Sandra llegó al lugar pactado y recibió 15 disparos.
"Con la muerte de Sandra Luz, nuevamente, damos cuenta de los niveles de pudrición e impunidad a los que se puede llegar por la corrupción y la inacción de la justicia ante el fenómeno de las personas desaparecidas", denunció la periodista mexicana Carmen Aristegui en su blog. Este caso ha recordado a muchos el de Marisela Escobedo, otra madre que exigía justicia por el asesinato de su hija y que fue asesinada en diciembre de 2010 en Chihuahua. Rubí Marisol Frayre Escobedo desapareció y fue su madre la que la encontró, ya muerta, con sus propios recursos. Desde entonces, luchaba sin descanso por que se hiciera justicia.
Las víctimas "Reynaldo García Álvarez desapareció el 17 de junio de 2011 en la carretera de San Roque, Juárez, Nuevo Laredo. Estaba en un bar con tres compañeros de trabajo, saliendo de ahí los detiene (la policía de) tránsito de Juárez, Nuevo Laredo, se los lleva y niegan paradero. Señalan haberlos entregado a delincuencia organizada. Características: 28 años, 1,60 de altura, tez morena y ojos negros". Esta es una de las decenas de reseñas de desaparecidos que tiene colgadas en su web la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Las víctimas, por lo general, suelen ser hombres jóvenes de entre 17 y 50 años, aunque a lo largo de estos años han desaparecido también cientos de mujeres e inmigrantes centroamericanos, a quienes se les ha perdido el rastro en su huida hacia el Norte (Estados Unidos). El Instituto Nacional de Migración (INM) ha registrado en los últimos cuatro años 3.177 inmigrantes desaparecidos. Muchos de estos casos han tenido lugar en Tamaulipas, donde la aparición de varias fosas comunes ha dejado sin aliento a muchos familiares.
"Hay que atribuirle estas fosas clandestinas no solamente a la delincuencia organizada, sino también a la autoridad. La Marina, el Ejército y la Policía Federal secuestran, desaparecen, realizan ejecuciones extrajudiciales. Aquí hay de todo. El Servicio Médico Forense está rebasado y no existen las condiciones necesarias para un trabajo genético", denuncia la periodista Sanjuana Martínez. Brutalidad, negligencia, complicidad, impunidad... todo ello hace parte del cóctel de angustia y desesperación con el que tienen que vivir cada día miles de personas en México.
Desaparecidos. Entre 2006 y 2012 desaparecieron 26.121 personas, aunque esta lista contiene información incompleta y la metodología que se aplicó para prepararla es defectuosa. Las víctimas son, en la mayoría de los casos, hombres jóvenes de entre 17 y 50 años. El Instituto Nacional de Migración también ha registrado 3.177 inmigrantes desaparecidos en los últimos cuatro años.
Impacto. Las desapariciones repercuten no solo emocionalmente a los familiares, sino también económicamente.
Fosas comunes. En ocho años, las autoridades han localizado más de 400 fosas comunes a lo largo del país con restos de más de 4.000 personas, de las cuales solo una mínima parte han sido identificadas.
