Londres. A pesar del ingreso de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea en 2007, sus ciudadanos han sufrido hasta ahora restricciones para trabajar en algunos de los países miembros, como es el caso de Reino Unido, España (que imponía restricciones solo a los rumanos), Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Malta y Holanda. Desde hace siete años, búlgaros y rumanos han podido viajar y residir libremente en cualquier país miembro de la UE, pero no ha ocurrido lo mismo con su inserción laboral, ya que solo 18 Estados abrieron sus puertas desde el principio a estos trabajadores. Fue también el caso de Croacia, último país en incorporarse a la Unión Europea, en julio de 2013.

Pero esta restricción se levantó ayer, con el inicio de 2014, una nueva situación que preocupa especialmente a Londres, que ha anunciado en las últimas semanas una batería de medidas para desalentar una temida oleada de recién llegados que presione su sistema de beneficios sociales. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, explicó que su país aplicará, a partir de ahora, cinco nuevas medidas para protegerse del supuesto impacto del fin de las restricciones.

Londres pretende limitar los beneficios sociales durante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, así como retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses. También quiere cuadruplicar las multas a las empresas que no lleguen a pagar el salario mínimo y deportar a los ciudadanos europeos llegados de otros Estados miembros que se encuentren en la calle por falta de lugar de residencia.

La polémica está servida. Y es que esta política ha sido criticada por amplios sectores en el Viejo Continente por su posible incompatibilidad con las normas europeas y sus tintes xenófobos, al tiempo que es vista por algunos como una maniobra electoralista de Cameron para retener votos y contener el avance del antieuropeo y antiinmigrante Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP, en sus siglas en inglés). Las críticas le llegan también de parte de sus socios de Gobierno, los liberal demócratas. El viceprimer ministro, Nick Clegg, ya se ha mostrado abiertamente en contra de las restricciones que intentan imponer sus socios conservadores y ha amenazado con bloquearlas. Mientras, el Ejecutivo comunitario asegura que no cree que el fin de las restricciones a los trabajadores búlgaros y rumanos vaya a provocar ninguna oleada masiva a partir de ahora, tras los desplazamientos que ya se produjeron a raíz de su incorporación a la UE.

Las cifras Según datos de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, desde 2007, 3,1 millones de búlgaros y rumanos se trasladaron a otros Estados miembros. Italia (1,12 millones) y España (1,04 millones) fueron los principales receptores de este flujo interno y, aunque Alemania, Reino Unido y Francia fueron los siguientes en la lista, las cifras son sensiblemente menores: 272.000 desplazados, 149.000 y 91.000, respectivamente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por su parte, señala en su informe Impacto fiscal de la migración que es improbable que estos trabajadores supongan una carga para los sistemas de protección social de los Estados miembros porque, en la mayoría de los casos, son contribuyentes netos al sistema de protección social del país de acogida. En esta misma línea, el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS) recalca en su documento Prestaciones sociales y migración que no hay ninguna relación estadística entre la generosidad de los sistemas del bienestar y los flujos de ciudadanos procedentes de otros países de la UE.

Sin embargo, la realidad es que el Reino Unido vive una especie de histeria antiinmigración, producto de la crisis y el sentimiento antieuropeo de gran parte de los ciudadanos, pero también de la campaña promovida interesadamente por el Gobierno británico. En medio de este debate, las bases tories enviaron el lunes una carta al primer ministro para pedirle que mantenga los controles fronterizos sobre rumanos y búlgaros. Noventa miembros del Partido Conservador animaron en su misiva a recurrir a una cláusula comunitaria para prevenir un eventual ingreso masivo de inmigrantes. La carta fue escrita por el presidente del llamado Conservative Grassroots, Robert Woollard, y apoyada por presidentes y activistas de las asociaciones conservadoras de distintas localidades del país.

La cláusula permite a los países comunitarios controlar las fronteras si hay "graves perturbaciones del mercado laboral", argumentan los tories, que puntualizan además que el Reino Unido necesita "espacio y tiempo" para reducir su alta tasa de desempleo juvenil, que se sitúa en el 21%. Asimismo, la semana pasada, el instituto Public Policy Research (IPPR), un prestigioso grupo de opinión, alertó de que el Gobierno debería tomar medidas prácticas para ayudar a los servicios públicos a hacer frente a la esperada llegada de búlgaros y rumanos.

No opina lo mismo el Damian Draghici, asesor del primer ministro rumano, Victor Ponta. "No creo que sea una gran ola de gente viniendo a Inglaterra. Serán dos o tres mil personas, máximo. No es que haya millones de rumanos diciendo 'Inglaterra está abierta, vayamos'", declaró el lunes al diario The Times. Además, Draghici recomendó a Londres preocuparse más por lo que hacen sus banqueros que por los gitanos que mendigan.

En este ambiente tenso, la última medida anunciada por el Gobierno británico consiste en restringir el acceso de los extranjeros a la sanidad pública y evitar así lo que ha denominado "turismo de ayudas sociales". Cameron pretende cobrar a los extranjeros no comunitarios que estén de forma legal pero temporal en el país. Los que entren con un visado de menos de seis meses -como turistas- deberán pagar el coste completo de la atención médica. Los que tengan permisos de residencia más largos, pero no permanente o indefinida, deberán pagar una tarifa única anual, que estaría en torno a los 180 euros al año para los estudiantes y los 240 euros para el resto.