Gasteiz. El primer año de presidencia de Enrique Peña Nieto en México ha sido, sin duda, el de las reformas. Un día después de asumir el poder, los tres principales partidos firmaban el Pacto por México, en el que se comprometían a impulsar una serie de políticas para la transformación del país. El objetivo, según los firmantes, era "fortalecer al Estado". Fueron momentos de expectación en el país azteca. Mexico's moment (el momento de México) llegó a denominarlo Peña Nieto en un artículo en The New York Times. No era para menos; el Pacto era el primer acuerdo político entre el Partido de la Revolución Institucional (PRI), el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). En su regreso al poder, la histórica formación que gobernó México durante siete décadas no logró la mayoría absoluta en el Congreso, por lo que el acuerdo era la única vía para llevar adelante su ambicioso plan de transformaciones.

En un año, el acuerdo ha alumbrado cuatro importantes reformas: la educativa -que crea un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas y limita el poder del poderoso sindicato de maestros-, la de telecomunicaciones -para acotar el poder de los dos grandes emporios de telecomunicaciones, la telefónica América Móvil del magnate Carlos Slim y Televisa, la mayor cadena de medios en español-, la fiscal -con la que el presidente pretende aumentar la recaudación del Estado en 17.830 millones de dólares para el próximo año; para ello, Peña Nieto ha modificado impuestos pero finalmente cedió aunque renunció a la idea de gravar el IVA alimentos y medicinas como había planteado en un inicio- y la financiera, aprobada en el Senado apenas el pasado miércoles.

Pero, además, casi al mismo tiempo que lograba la aprobación de la reforma educativa, el presidente conseguía también un gran golpe de efecto con la detención de la poderosa líder del sindicato de maestros, el mayor de América Latina con 1,5 millones de afiliados, Elba Esther Gordillo, que ha manejado a su antojo tanto el sistema educativo como los hilos del poder durante años a base de chantaje y amenazas.

Fisuras "El Pacto por México sin duda facilitó un mayor consenso", reconoció recientemente el mandatario mexicano. Sin embargo, durante la discusión de la reforma fiscal surgieron los primeros problemas internos, que se intensificaron después ante la cercanía de las negociaciones sobre una reforma energética, la más importante de su sexenio y la que más controversia está generando. Tanto es así que, tras varias amenazas, el líder del PRD, Jesús Zambrano, anunció el jueves la salida de la formación del Pacto por México. "Nosotros estamos fuera", zanjó. El partido de la izquierda acusa al PRI y el PAN de negociar en privado un proyecto de reforma energética con el que, denuncia, buscan privatizar Pemex.

El PRD también abandonó la discusión sobre la reforma política, cuya aprobación era a su vez una condición de la izquierda para entrar en el debate sobre la reforma energética. Esta contempla cambios constitucionales para abrir la exploración y producción del petróleo a la iniciativa privada, que participaría a través de contratos de utilidad compartida. Los cambios que mayor recelo provocan en parte de la sociedad mexicana son los referentes a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna, que dan exclusividad al Estado, a través de Pemex, para explotar el petróleo. La iniciativa podría ser aprobada si el PRI consigue el apoyo del PAN.

Pero la izquierda ya ha anunciado movilizaciones, al igual que el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena. Los analistas prevén multitudinarias protestas ciudadanas en caso de que sea aprobada, teniendo en cuenta que el petróleo ha sido la piedra angular sobre la que se ha apoyado el nacionalismo mexicano durante décadas, tras la expropiación llevada a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

Los primeros meses de administración de Peña Nieto generaron expectación, sí, pero la discusión de la reforma energética, que ha vuelto a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre los partidos políticos, una profunda desaceleración económica -la Secretaría de Hacienda ha recortado hasta cuatro veces la previsión de crecimiento, que ha pasado del 3,1% a 1,3%- y la violencia han enturbiado nuevamente el ambiente. Estos dos últimos temas se han convertido, un año después, en sus principales talones de Aquiles.

Cuando llegó a la presidencia, Peña Nieto quiso romper, al menos en el mensaje, con la denostada estrategia de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón, que sacó a miles de militares a las calles para combatir el crimen. Dejó de hablar de "guerra contra el narcotráfico" y de presentar a los narcos detenidos como trofeos de guerra; sin embargo, en la práctica, la realidad no ha cambiado. Los homicidios se suceden cada día -se calcula que desde diciembre de 2012 han fallecido más de 15.000 personas- y lo único que cambia son los focos rojos, que dependen más que nada de las luchas entre los cárteles. En la actualidad, la ciudad considerada más violenta de México es Acapulco, antiguo balneario turístico.

Valoraciones Las iniciativas de Peña Nieto han sido elogiadas por los organismos internacionales como el FMI, que ha alertado, sin embargo, que la reforma fiscal se trata de "un modesto aumento en los ingresos no petroleros" y que "se requerirán cambios más profundos en pocos años para continuar reduciendo la dependencia de la renta petrolera". El Gobierno ha recibido buenas palabras, incluso, de Mario Vargas Llosa, quien parece haberse reconciliado con el PRI, al que acusó de implantar un "dictadura perfecta".

"Yo no hubiera votado por el PRI, pero el PRI que ha asumido el poder, hay que reconocerlo, no es el PRI de antaño. Este PRI está funcionando dentro de la democracia. Está respetando la democracia; está proponiendo reformas que parecen bastante sensatas", valoró el premio Nobel en una entrevista publicada en el diario mexicano Reforma. Vargas Llosa concluyó que "la democracia está echando raíces".

Quien no lo tiene tan claro es Human Rights Watch (HRW), que el miércoles hizo pública una demoledora carta al Gobierno mexicano, en la que critica que "el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico". La institución se queja de que no ha habido avances significativos "en la investigación de abusos del pasado" y que, por el contrario, "se han detectado nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad".

HRW recuerda que "el Pacto por México expresó el compromiso de convertir el respeto de los derechos humanos en una política de Estado, y el primer día de su mandato emitió un ordenamiento dirigido al as fuerzas armadas que prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda actuación". Sin embargo, asegura que las fuerzas policiales y militares continúan cometiendo, de manera impune, graves abusos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas "perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad".