Preso en la cárcel de Tora, sin visitas ni abogado

Miles de islamistas han sido detenidos en el último mes y medio y su futuro es incierto

El Cairo. Prisión de Tora, sur de El Cairo. Zeinab entra a las 11.30 de la mañana en la cárcel para ver a su hermano. Cinco minutos más tarde sale sin haber podido visitarlo; él sigue sin acceso a un abogado. Ésta es la situación a la que se enfrentan los familiares de los arrestados durante el último mes y medio en Egipto, que se cuentan por millares, según los islamistas, en lo que las autoridades han denominado como "lucha contra el terrorismo".

Zeinab explica que su hermano, de 51 años, llegó la semana pasada de Arabia Saudí, donde reside, para ver a sus parientes en Egipto y que el viernes fue a rezar a la mezquita de Al Fateh, epicentro de los disturbios ese día. A lo largo de esa jornada, esta mujer estuvo llamando a su hermano para ver si se encontraba bien, cuando vio que estallaron choques entre partidarios y opositores de Mursi en los alrededores del templo. No fue hasta el día siguiente cuando se quedó petrificada ante el televisor al reconocer a su familiar entre los detenidos por la policía.

"¡Mi hermano no pertenece a los Hermanos Musulmanes! Nosotros no somos islamistas", clama la mujer. Zeinab recuerda el periplo que le ha llevado por infinidad de comisarías para averiguar el paradero de su hermano, hasta que se enteró de que estaba en Tora. El abogado Ahmed Abu Baraka, letrado de los Hermanos Musulmanes coincide con las denuncias de Zeinab. Detenciones indiscriminadas, falta de acceso a un abogado y la prohibición de las visitas de familiares son algunas de las violaciones de los derechos de los presos que enumera, aunque, en su opinión, la más flagrante es su "derecho a la vida". Y pone como ejemplo lo ocurrido en el penal de Abu Zabal, donde el domingo 36 detenidos fallecieron cuando eran transportados para ingresar en el centro penitenciario.

Queda por ver qué tipo de tribunales se hará cargo de los casos de los islamistas, ya que las autoridades han vuelto a imponer el estado de emergencia, vigente durante el régimen de Mubarak y levantado en mayo de 2012 por la junta militar que tomó el poder tras su caída. Una fuente del Ministerio de Interior explicó que, a diferencia de la época de Mubarak, a los islamistas detenidos no se les va a aplicar la ley de emergencia por delitos de terrorismo, sino que están acusados de crímenes penales y serán procesados ante tribunales ordinarios.