JUan López Mateo salvó la vida porque aquel 2 de septiembre de 1982 salió muy temprano a trabajar en la milpa (siembra de maíz). Cuando regresaba a casa, sobre las diez de la mañana, escuchó el llanto de un niño y disparos. "En mi casa encontré los cadáveres de mi mujer y mis hijos, de cinco y dos años", declaró la semana pasada al inicio del juicio contra Efraín Ríos Montt, presidente de facto de Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Su gobierno duró apenas 17 meses, pero dejó una profunda huella en el país centroamericano, que estos días revive los horrores de los años 80. Se calcula que bajo su mandato, más de 10.000 indígenas ixiles fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, cuyo cuerpos fueron arrojados a fosas comunes.
Treinta años después, Ríos Montt, de 86 años, y el jefe de inteligencia del Ejército durante su gobierno de facto, el general José Mauricio Rodríguez, de 76, están siendo juzgados por genocidio y delitos contra la humanidad en relación al caso de 15 matanzas ocurridas en el norte del departamento de Quiché que dejaron 1.771 muertos. Los supervivientes y familiares de las víctimas de esta campaña de represión indiscriminada y extermino del pueblo ixil guatemalteco están relatando por primera vez en un tribunal sus casos en un juicio considerado histórico y que el exdictador ha tratado de evitar una y otra vez. La posibilidad de sentar a Ríos Montt en el banquillo se abrió hace un año cuando abandonó su escaño en el Parlamento y perdió, con ello, la inmunidad de la que había gozado hasta entonces.
El 19 de marzo, primer día del juicio a cargo de la magistrada Yasmín Barrios, tuvo una gran expectación. La sala se llenó de familiares y supervivientes. Estos comenzaron entonces el relato del horror; lo hicieron en su lengua, el ixil, y ante la mirada impasible del dictador. Allí estuvo también Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz cuyo padre fue asesinado en la Embajada de España en 1980, quien destacó lo "histórico" de este proceso. "Treinta años después, las víctimas ven al fin una luz de carácter jurídico", valora Carlos Aldana, de la Fundación Rigoberta Menchú.
Cuatro días después del inicio del juicio se cumplían 31 años del golpe de Estado encabezado por Efraín Ríos Montt que derrocó al general Fernando Romeo Lucas. Su gobierno duró 17 meses, después de los cuales fue expulsado del poder por su ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores. Ríos Montt ha pasado a la historia como uno de los representantes más crueles gobiernos militares de Centroamérica.
Poder militar y guerrilla Los militares guatemaltecos se hicieron con el poder tras el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1954, patrocinado y financiado por la CIA. La historia de autoritarismo, discriminación, desigualdad y pobreza de Guatemala hicieron aflorar entonces movimientos guerrilleros contra el poder militar, que había sumido de nuevo al país centroamericano en el autoritarismo. El conflicto armado dejó 200.000 víctimas entre ejecuciones y desapariciones, casi todas indígenas, fallecidas a manos del Ejército o paramilitares, a las que se acusaba de servir de soporte a los guerrilleros de izquierdas. Según el informe Memoria del Silencio, de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se produjeron 669 matanzas y 448 aldeas fueron literalmente borradas del mapa. La época más dura, se desarrolló entre 1978 y 1985, años en los que se recrudeció la represión y aumentaron las masacres. Fueron los años de gobierno del general Romeo Lucas y Ríos Montt.
La práctica habitual de los soldados era llegar a un pueblo, asesinar a los habitantes -niños, mujeres, hombres y ancianos- a golpes, asfixiados, con armas de fuego o cuchillos y arrasar con todo: robaban los alimentos y los animales a los campesinos y quemaban sus casas. También solían encerrar a los indígenas en las viviendas y luego prenderlas fuego. La brutal represión provocó el desplazamiento de miles de personas, que tuvieron que refugiarse en las montañas. "Fueron tiempos difíciles, los niños estaban muy asustados por la guerra", recordó en su intervención doña Juana, que en 1982 huyó con sus ocho hijos a la montaña después de que soldados mataran a su esposo.
Orlando López, fiscal del caso, ha señalado que el Ministerio Público presentará un perito antropológico que detallará que el 38% de las víctimas exhumadas en la zona ixil eran niños de 0 a 12 años. "Cuando regresé, toda la aldea estaba quemada", narró la semana pasada Diego Ceto Santiago, que en 1982 era solo un niño. Este relató que los militares robaron sus animales, quemaron su rancho, mataron a sus vecinos y violaron a las mujeres. Por su parte, Nicolás Brito detalló una matanza ocurrida el 25 de marzo de 1982 en la que murieron 35 personas. "Yo era campesino y me dedicaba a cuidar la milpa cuando llegaron los soldados. Unos logramos huir, los demás fueron capturados". Quienes se salvaron aquel día fueron obligados por el Ejército a integrase en las Patrullas de Autodefensa Civil, utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla.
El poder El juicio a Ríos Montt ha generado también rechazo entre un sector de la sociedad. De hecho, el actual presidente, Otto Pérez Molina, general retirado y comandante de unidades militares en las zonas donde la fiscalía de Derechos Humano dijo que hubo genocidio, niega la existencia de este trágico capítulo. "Los Acuerdos de Paz trajeron un cese el fuego, pero no se tradujeron en transformaciones estructurales, no ha cambiado la distribución de la riqueza, ni la situación de discriminación de los indígenas. Ni los ejecutores ni los ideólogos del conflicto armado han perdido el poder", denuncia Aldana. "Siendo él parte del conflicto, las declaraciones del presidente no merecen ningún análisis", concluye.
