DUBLÍN. Marie Fleming, una exprofesora universitaria de 59 años que padece esclerosis múltiple, ha apelado ante el Supremo después de que un tribunal le denegase el pasado diciembre el derecho a que su marido le ayude a quitarse la vida.
En Irlanda, el suicidio asistido está prohibido en virtud de la llamada "Ley de Derecho Criminal (Suicidio)" de 1993, y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel para quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.
Según han argumentado los abogados de Fleming, quien lleva más de 25 años en silla de ruedas, la ley viola los derechos personales y a la vida de su clienta, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
El Alto tribunal de Dublín, compuesto por tres jueces, desestimó el pasado 10 de enero estos argumentos al asegurar que la legislación no "infringe de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante.
Los jueces también rechazaron entonces los alegatos de la Comisión Irlandesa de Derechos Humanos (IHRC), una de las partes invitadas a presentar de nuevo ante el Supremo argumentos legales a favor de un cambio en la legislación vigente.
La Comisión quiere que la Justicia de este país decida si la "criminalización" del suicido asistido está justificada en casos en los que deben "prevalecer" los "derechos personales" de la persona que solicita un suicidio asistido.
La IHRC sostiene que en otros países, como el Reino Unido o Canadá, sus respectivas Fiscalías disponen de unas "directrices claras" que delimitan los casos en los que "pueden o deben" actuar.
Dada la importancia de este caso, sin precedentes en la jurisprudencia irlandesa, el Tribunal Supremo estará formado por siete jueces, que durante tres días analizarán el recurso de apelación, aunque se espera que la petición de Fleming tampoco prospere en esta ocasión.
