Bogotá. La matanza de diez campesinos ha revivido el terror paramilitar en el norte de Colombia, una de las zonas donde las bandas criminales que nacieron tras la desmovilización de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tienen control y poder territorial. Nueve hombres y una mujer, todos campesinos, fueron asesinados el miércoles por la noche por desconocidos cuando terminaron su jornada laboral en una finca dedicada al cultivo de árboles frutales en el municipio de Santa Rosa de Osos, perteneciente al departamento de Antioquía.
Según las autoridades, tres individuos irrumpieron en la finca La España y, tras retener a los trabajadores, les arrojaron una granada de mano para después rematarles con armas de fuego. A los hechos sobrevivió un joven que está gravemente herido. "Esto es el infierno", le dijo el secretario de Gobierno de Antioquía, Santiago Londoño, al gobernador del departamento, Sergio Fajardo, cuando llegó al lugar en la mañana del jueves y se encontró con el dantesco escenario.
"Las primeras hipótesis indican que los responsables son miembros de la banda criminal Los Rastrojos", señaló un portavoz de la Policía Nacional desde Medellín. Los Rastrojos son una de las organizaciones armadas dedicadas al narcotráfico y la extorsión que surgieron tras la disolución de las AUC en 2006, dentro de un acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe. "Lo que sabemos es que el autor (de la matanza) fue una banda criminal al servicio del narcotráfico, que utiliza la extorsión", remarcó después el gobernador Fajardo a Caracol Radio. Estas bandas criminales, conocidas como bacrim se han convertido en uno de los principales problemas de seguridad de Colombia.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, advirtió de un posible desplazamiento de campesinos y exigió al Gobierno medidas "para proteger la vida" de los habitantes ante la presencia de grupos neoparamilitares. Reveló, además, que los campesinos han recibido amenazas surgidas "a raíz de los enfrentamientos que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por el control criminal de la zona apelando al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión", versión que fue ratificada por el gobernador Fajardo.
El municipio donde ocurrió la matanza se encuentra en una región en la que históricamente han tenido gran presencia los paramilitares y donde, tras la desmovilización de las AUC, tomaron mucha fuerza las nuevas bandas del crimen organizado. De hecho, el año pasado estos grupos paralizaron el norte de Colombia mediante un desafiante paro armado que duró varios días ante los ojos atónitos del Gobierno, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.