París. El Gobierno francés informó ayer de que no va a renunciar a las expulsiones de gitanos y a los desmantelamientos de sus campamentos cuando vayan acompañados de una orden judicial, pero decidió suavizar la presión que pesa sobre este colectivo desde la anterior legislatura. El gabinete del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, indicó en un comunicado de prensa que en la reunión interministerial mantenida al respecto se dejó claro que esas operaciones son "legítimas" cuando responden a una decisión de la Justicia o ponen fin a una situación "de peligro o riesgo sanitario inmediato".
El Ejecutivo galo, no obstante, se comprometió a aportar en colaboración con las colectividades locales y las asociaciones de derechos humanos una "respuesta global" y adaptada a la situación de las personas y familias afectadas. Tras el encuentro, precedido por una reunión con el colectivo Romeurope, se anunció que se busca además la movilización de los dispositivos existentes para atender a las personas más vulnerables y eventualmente aplicar estructuras de acogida provisionales.
Las organizaciones humanitarias esperaban principalmente de esta cita el levantamiento de las medidas transitorias que según ellas limitan el acceso de ese colectivo al mercado laboral, al obligar a la empresa a pagar una tasa de 700 euros y limitar la lista de trabajos a los que pueden acceder. El Gobierno no tomó esa decisión, pero sí anunció que para favorecer la inserción de los ciudadanos procedentes de Bulgaria y Rumania, de donde son la mayoría de los gitanos que residen en Francia, ampliará el actual listado de 150 empleos y suprimirá la citada tasa.
Durante la vigencia de esas medidas transitorias que se aplican a los nuevos miembros de la Unión Europea, fijadas en este caso hasta finales del próximo año, rumanos y búlgaros pueden entrar sin requisitos y permanecer tres meses, pero a partir de entonces se les puede expulsar si carecen de una tarjeta de residencia que solo se logra con un contrato de trabajo.
El Ejecutivo francés señaló que, tras discutirlo con los Estados implicados, examinará la posibilidad de eliminar esas medidas de manera anticipada, y añadió que desea entablar negociaciones con esos países para abordar las iniciativas que favorezcan "proyectos de vida e inserción" de esas poblaciones en sus respectivos países. En esa línea, según el comunicado de prensa del gabinete del primer ministro galo, pedirá a la presidencia chipriota que en el próximo Consejo de la Unión Europea esa cuestión se inscriba en el orden del día.
