Ni París ni Berlín están dispuestos a aceptar que Bruselas les diga cuándo pueden cerrar sus fronteras y suspender el espacio de libre circulación de Schengen. En una misiva conjunta enviada a la Presidencia danesa de la UE, ambos gobiernos reclaman la posibilidad de reintroducir los controles fronterizos nacionales durante un máximo de un mes cuando consideren que uno de los socios de este espacio no puede hacer frente a un flujo masivo de inmigrantes. La carta, que cita expresamente "a las fronteras del sur y del este" ha sido remitida por el titular de interior francés, Claude Guéant, y su colega alemán, Hans Peter Friedrich, que la presentarán al resto de sus colegas en la reunión que celebrarán los Veintisiete la próxima semana en Luxemburgo. El debate resurgió con fuerza hace un año a raíz de la llegada de más de 25.000 inmigrantes a Italia y Malta procedentes del norte de Africa, lo que desencadenó una importante crisis diplomática entre París y Roma por la gestión que de este flujo migratorio hizo el entonces gobierno de Silvio Berlusconi. Tras la presión ejercida desde el Elíseo y la cancillería alemana, la polémica concluyó con la decisión de revisar el acuerdo y una batería de medidas de la Comisión Europea que incluyen la posibilidad de introducir controles policiales "limitados" y "excepcionales". Dos palabras que prácticamente calcan Guéant y Friedrich en su misiva.

Los gobiernos o la UE La diferencia radica en que insisten en que la decisión de aplicarlos debe corresponder a los gobiernos y no a Bruselas. "Se trata de una prerrogativa que corresponde a la soberanía nacional", subrayan.

Los dos gobiernos reclaman la puesta en marcha de controles en las fronteras internacional como "último recurso" y durante un período "no superior a los 30 días" en el marco de un nuevo mecanismo que introducirá enmiendas al código de fronteras Schengen. Bruselas sería la encargada de realizar una detección precoz de los flujos migratorios y de coordinar las medidas con el país de entrada pero si esto falla los países de Schengen tendrán que tener la posibilidad de cerrar sus fronteras al menos un mes. Tras este período, la Comisión podría recomendar al Consejo interrumpir los controles o mantenerlos pero la decisión corresponderá al Consejo. El eje francoalemán argumenta que actualmente existen pocas opciones en caso de crisis migratoria y que es necesario un mecanismo que compense la situación cuando a un gobierno la situación se le escapa de las manos.

La comisión, a la espera Guéant y Friedrich llevarán el próximo jueves y viernes al Consejo de ministros de justicia e interior estas ideas con el argumento de que es necesario preservar el equilibrio institucional y la eficacia del proceso de toma de decisiones a nivel europeo. De momento, la Comisión Europea no quiso entrar ayer a valorar la carta porque dijo no haberla recibido pero insiste en que el debate sobre la reforma de la gobernanza de Schengen ya está en el Consejo desde hace meses y que el acuerdo actual ya permite a los países que forman parte de este espacio situar controles policiales en las fronteras internas. "El acuerdo actual ya permite esa posibilidad aunque de forma excepcional a causa de una cumbre de jefes de estado o un evento deportivo como los juegos olímpicos. Si hay preocupación por la seguridad el Estado puede enviar una notificación y reinstaurar los controles durante un limitado período de tiempo", explicaba ayer un portavoz comunitario.

De hecho, existen numerosos ejemplos en el pasado, como los mundiales de fútbol o la cumbre de la OTAN celebrada en Estrasburgo en 2009, y también en el futuro inmediato. Según anunció ayer el ministerio del Interior, España también restablecerá los controles policiales en todos los pasos fronterizos con Francia, desde Irun hasta La Jonquera, de cara a la reunión sobre política monetaria que celebrará el Banco Central Europeo en Barcelona el 3 de mayo. Según anunciaron a Efe fuentes del Ministerio del interior todavía no se ha decidido cuántos días se prolongará este blindaje y todo dependerá de la afluencia de activistas antisistema hacia la capital catalana procedentes de otros países europeos. Se trataría de la primera vez que España suspende el tratado de libre circulación desde la boda de los príncipes de Asturias en 2004.