Mallorca. Las piezas judiciales que se van separando del caso Palma Arena continúan salpicando a uno de los pesos pesados dentro del PP estatal. Esteban González Pons, que suena como futuro coordinador general popular y es actual vicesecretario de Comunicación de la formación de Rajoy, está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, por el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin por parte de una empresa pública que dirigió en su etapa en la Generalitat Valenciana.

El juez, que ha citado como testigo a González Pons para que preste declaración el próximo 15 de mayo, analizará si el dirigente del PP operó con entidades que pudieran ser consideradas 'pantalla' o sociedades interpuestas. Para ello, el magistrado ha oficiado a la Agencia Tributaria para que aporte cuantos datos consten sobre las operaciones económicas efectuadas con terceros por parte de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana que González Pons dirigió. Esta entidad firmó en diciembre de 2005 un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos. Ese evento nunca llegó a celebrarse.

En concreto, en el acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, aparecen plasmadas las firmas de González Pons, además de las rúbricas del exvicepresidente del Consell de la Generalitat, Víctor Campos, y del exsocio de Nóos Diego Torres, en la actualidad uno de los principales imputados en el marco de estas investigaciones junto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, quien presidió la entidad entre los años 2004 y 2006.

Tal y como reza el convenio, la intención de la empresa dependiente de la Generalitat pasaba por contar con la colaboración de Nóos en el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.

Sin embargo, ningún punto de los que contemplaba ese documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales, entre otros aspectos-, a pesar de que el Instituto Nóos acabó percibiendo un total de 382.203 euros por la firma de ese convenio.

De hecho, el área jurídica de la administración pública ya indicaba en un informe fechado el 21 de diciembre de 2005 que, puesto que el convenio establecía una previsión de financiación para los años 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto por lo que su eficacia quedaba condicionada a la efectiva existencia de crédito "adecuado y suficiente". Y, precisamente, por estos hechos está citado a declarar González Pons como testigo el próximo 15 de mayo.

adjudicación a cotino Además de suscribir convenios con Urdangarin, la etapa de González Pons en la Generalitat Valenciana también fue ayer noticia, aunque por un asunto bien distinto. Según afirmó la Cadena Ser, el dirigente del PP adjudicó una promoción de viviendas en 2007 cuando era titular de la Consejería de Territorio y Vivienda a una empresa de la familia de otro conocido dirigente popular levantino, Juan Cotino. Y ello pese a que Sedesa, la firma ligada al que fuera director general de la Policía Nacional en la era de Aznar, logró la adjudicación pese a que otras dos empresas obtuvieron una mejor valoración en el concurso público. La adjudicación fue de 6 millones de euros.