Santiago de Chile. En medio de protestas sociales, el Gobierno chileno de Sebastián Piñera ha abierto un nuevo frente en el conflicto con los mapuches en el sur del país sudamericano, donde están algunas de las zonas más pobres. La crisis, que los últimos años ha dejado dos indígenas muertos a tiros por la policía y decenas de encarcelados, estalló la semana pasada cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, acusó a grupos mapuche de provocar los incendios que ya han arrasado 30.000 hectáreas forestales.

"No sé por qué Hinzpeter es tan racista y por qué inculpa al pueblo mapuche", manifestó el lonko -máxima autoridad- de la comunidad Cacique José Quiñón, José Cariqueo, en medio de operativos policiales en la zona de Carahue, donde murieron siete brigadistas que combatían los siniestros. El Gobierno, que intenta remontar un apoyo de 20 a 30% en las encuestas, anunció a su vez que invocará contra los responsables de los incendios la aplicación de la Ley Antiterrorista, norma de la dictadura de Augusto Pinochet criticada por la ONU por permitir juicios dobles y testigos pagados y que ha sido habitualmente utilizada en los procesos contra activistas mapuches.

Como parte de esta ofensiva de la autoridad, han comenzado varios operativos policiales en la zona indígena, entre ellos uno en la comunidad mapuche José Guiñon en el lof -unión de comunidades- de Chequenko, donde se produjeron disparos de parte de las fuerzas de orden.

"Todo esto tiene un olor a montaje como los que hacía la dictadura de Augusto Pinochet", señaló a dpa el portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, José Venturelli, de visita en esa región. "Los policías no entraron a las casas de la comunidad José Guiñon, sino que dispararon hacia ellas", detalló. "La gente mapuche esperaba este ataque, porque había habido helicópteros recorriendo la comunidad días antes", agregó el funcionario europeo.

Ante las críticas, el portavoz del Gobierno chileno, Hernán Chadwick, optó por bajar el nivel del conflicto que en el pasado complicó a los expresidentes socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010), quienes también aplicaron la Ley Antiterrorista a los mapuches. "El Gobierno no insiste en la responsabilidad de un grupo mapuche o vinculado al mundo mapuche, el Gobierno ha insistido, porque tiene las medidas y las pruebas que así lo indican, que el incendio fue intencional", sostuvo. Pese a esas palabras, lo cierto es que Hinzpeter dijo que conjeturaba que detrás de los incendios estaba la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche que reclama mayor autonomía.

Un largo conflicto Desde la cárcel, el líder de la CAM, Héctor Llaitul, negó que su organización estuviera detrás de los incendios, que provocaron criticas a la reacción inicial de la autoridad en el combate al fuego. Este conflicto, que en 2010 vio una huelga de hambre de 80 días de los mapuches presos, además derivó ya en restricciones a la prensa internacional. De hecho, la guardia de prisiones revocó una autorización dada a la cadena de televisión Al Jazeera para que entrevistara a Llaitul, aduciendo razones de seguridad interior del país. Además allanó la celda de este líder mapuche después de que éste fuera visitado por observadores internacionales de derechos humanos. En ese contexto, la esposa de Laitul, Pamela Pezoa, señala que temen un posible montaje. "No creo que después de todo esto nos pidan disculpas", ironizó.

Los incendios en el sur de Chile, que superan las 55.000 hectáreas, están concentrados mayoritariamente en las regiones del Biobío y la Araucanía, donde las comunidades mapuche reclaman la devolución de tierras en propiedad de empresarios, alegando derechos ancestrales. Desde el retorno a la democracia en 1990, el Estado chileno devolvió unas 600.000 hectáreas a las comunidades mapuche, la única nación indígena reconocida como independiente por la Corona española.

La crisis actual encuentra al gobierno de Piñera enfrentado a un año de elecciones municipales, antesala además de las presidenciales de 2013. Todo ello con el fantasma de las 6.000 protestas enfrentadas en 2011 y la sombra del regreso al poder de Bachelet, con un apoyo de 80% en encuestas.