beirut. El ministro sirio de Exteriores, Walid al Mualem, dijo ayer que las sanciones económicas aprobadas por la Liga Árabe son "una declaración de guerra económica" y acusó al organismo de dar la espalda a Damasco y al plan árabe para salir de la crisis. "La Liga Árabe cerró todas las puertas con Siria con las resoluciones adoptadas" contra el régimen de Damasco, aseguró Al Mualem en una rueda de prensa en la capital siria. El jefe de la diplomacia siria denunció que estas medidas, aprobadas con el voto de 19 miembros de la Liga Árabe, perjudican al pueblo sirio y no a las autoridades. "Las sanciones sin precedentes son una declaración de guerra económica", dijo Al Mualem, quien agregó que la organización no deben "lanzar ultimátum y sanciones" contra ellos. Asimismo, acusó a algunos miembros de la Liga Árabe de querer "internacionalizar" la crisis y de negarse a reconocer la existencia en el país de "grupos armados terroristas". El titular de Exteriores lamentó que se hayan producido "mártires" entre las filas del Ejército sirio, al que, dijo, "se calumnia" con el argumento de que hace un uso excesivo de la violencia.

Durante la rueda de prensa, Al Mualem exhibió un vídeo con imágenes de asesinatos de civiles y soldados por parte de esos supuestos "grupos terroristas", que, según el ministro, cometen "homicidios y secuestros y atacan las instituciones públicas".

Por su parte, una comisión de la ONU , denunció ayer que las fuerzas de seguridad de Siria han cometido crímenes contra la humanidad en la represión de las manifestaciones pacíficas en este país, con la aprobación de las máximas instancias del Gobierno y sin importar si las víctimas eran niños o adultos. Según el informe, que está basado en amplia documentación y entrevistas a 223 víctimas directas, testigos y desertores de distintos cuerpos de seguridad, la comisión indica que "miembros de las fuerzas militares y de seguridad han cometido crímenes contra la humanidad en 2011".

En función de la numerosa evidencia que ha podido recoger, "la comisión cree que las órdenes de disparar y, de otro lado, de maltratar a los civiles se originaron en directivas emitidas a nivel más alto de las Fuerzas Armadas y del Gobierno", según señala la mencionada comisión investigadora.