vitoria. Marruecos celebra hoy elecciones legislativas anticipadas, las primeras desde la reforma constitucional impulsada por el rey para tratar de acallar el movimiento de protesta que surgió en el reino alauí el pasado febrero al calor de la Primavera Árabe. Sin embargo, estos comicios tienen lugar en medio de una apatía generalizada entre la población y un llamamiento al boicot por parte del movimiento 20 de Febrero -impulsor de las manifestaciones-, junto a tres partidos de izquierdas y la mayor formación islamista del país, Justicia y Caridad (fundada en 1973), ilegalizada pero tolerada.

A diferencia de otros países árabes, Marruecos cuenta con varios partidos políticos representados en el Parlamento, aunque, en la práctica, el monarca Mohamed VI ejerce un papel principal en la vida política del país. A pesar de que la Primavera Árabe ha tenido menos incidencia en el reino alauí, el movimiento 20 de Febrero ha logrado reunir en varias ocasiones a miles de personas en ciudades como Rabat, Tánger o Casablanca, la última el pasado domingo. Sus simpatizantes piden el fin de la corrupción al interior de los partidos, una auténtica separación de poderes, una monarquía parlamentaria y el fin de la represión. Ahora apuestan por el boicot de estos comicios.

El monarca, consciente del creciente malestar entre la población -principalmente por la situación económica así como por la corrupción política y judicial- y ante el temor de que la mecha de las revueltas prendiera con fuerza en Marruecos, impulsó una reforma constitucional que limita ligeramente sus poderes, entre ellos, el que le permitía designar a dedo al primer ministro, mientras que ahora tendrá que elegirlo entre los miembros del partido más votado en las elecciones.

Las reformas fueron aprobadas por la población en un referéndum, pero no han sido suficientes a ojos del movimiento 20 de Febrero, ya que Mohamed VI mantiene su poder sobre las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y las instituciones islámicas. Además, seguirá teniendo potestad para disolver el Parlamento. Por ello, los activistas instan al boicot de estos comicios, para luchar contra unas autoridades que "siguen aplicando los mismos esquemas que en el antiguo régimen despótico de Hassan II". Durante una rueda de prensa celebrada en Rabat el miércoles, los integrantes del 20 de Febrero criticaron las prácticas aún extendidas en Marruecos de "hacer callar a toda persona o entidad que se niegue a jugar su juego".

Abstención Precisamente uno de los principales retos que se han fijado las autoridades de cara a estas elecciones ha sido animar a la población a acudir a las urnas, una tarea complicada si se tiene en cuenta que de los alrededor de 23 millones de ciudadanos aptos para votar, unos diez no cuentan con carné de elector. En las pasadas elecciones legislativas, celebradas en 2007, la participación fue de apenas un 37% del censo, el porcentaje más bajo de la historia reciente. Y, en esta cita, adelantada diez meses, no parece que la situación vaya a variar mucho. Además, el número de inscritos ha bajado con respecto a 2007, a pesar de que la población ha aumentado. Y es que entre los marroquíes persiste una mezcla de desconocimiento, apatía y descontento con el proceso electoral a pesar de los cambios impulsados por el monarca.

Otro de los retos que se han marcado las autoridades es tratar de evitar una eventual victoria islamista. En los comicios de 2007, la formación más votada fue el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista moderado), pero el sistema de recuento -que beneficia a las zonas rurales- le otorgó apenas 46 de los 325 escaños, por detrás del partido nacionalista Istiqlal, al que pertenece el actual primer ministro, Abbas El Fassi, mientras que el PJD se quedó en la oposición. En esta ocasión, se presenta a las elecciones con el objetivo de capitalizar los votos de todos los islamistas marroquíes, incluso de los simpatizantes de Justicia y Caridad, que no puede presentarse a los comicios. El PJD cuenta, además, con que se produzca un efecto contagio de la victoria de Ennahda en Túnez en las pasadas elecciones del 23 de octubre. "Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades gubernamentales", ha repetido una y otra vez durante esta campaña Abedelillah Benkirane, secretario general del PJD, convencido de una victoria islamista.

Juegan en su contra el hecho de que Justicia y Caridad haya pedido el boicot a las elecciones y que el rey Mohamed VI no parezca dispuesto a delegar responsabilidades en el proceso político. Frente al PJD, destaca la coalición de corte liberal Alianza por la Democracia, formada recientemente y conocida popularmente como G8, que engloba a ocho partidos, la mayoría cercanos al palacio real. Esta coalición, según apunta el politólogo Mohamed Darif a Efe, encarna la antigua estrategia del Partido Autenticidad y Modernidad -considerado un creación directa de palacio-, que consiste en aislar al PJD y cerrarle el paso a cualquier coalición. La cabeza visible de la alianza es Salahedín Mezuar, actual ministro de Finanzas.

El tercer bloque que puede lograr un gran número de votos es el conocido como Kutla, que integran la Unión Socialista, Istiqlal y el Partido por el Progreso y el Socialismo. Estas tres formaciones nacionalistas fueron la única oposición legal durante el régimen de Hassan II.

¿Irregularidades? Son muchos los que dudan de la transparencia que tendrán estas elecciones. Y es que, a diferencia de Túnez, donde los comicios fueron organizados por un organismo independiente y de nueva creación, en Marruecos sigue siendo el Ministerio del Interior el que se encarga del desarrollo del proceso electoral. Las primeras elecciones tras la huida de Ben Ali fueron calificadas de "impecables" por observadores internacionales. Los primeros comicios tras los cambios constitucionales de Mohamed VI, aún está por ver.

Así, Marruecos se enfrenta en esta cita electoral a un examen sobre el carácter democrático de las reformas emprendidas por el monarca y su aceptación entre la población por la transparencia de las mismas, el reparto de escaños y las tasas de participación ciudadana.