EL CAIRO. Tras una reunión de urgencia entre la cúpula militar y el Gobierno, el ministro de Información, Osama Hekal, precisó que los aparatos de seguridad adoptarán a partir de ahora todas las medidas contra los actos de violencia, incluido el derecho a la autodefensa.
En un comunicado difundido por la agencia estatal Mena, el ministro destacó que la Ley de Emergencia se mantendrá, a pesar de que iba a ser suspendida próximamente para atender una de las principales reivindicaciones de la Revolución del 25 de Enero.
Entre las consecuencias de la aplicación de esta legislación, están el juicio ante el denominado Tribunal del Estado de Emergencia de todos aquellos detenidos o implicados por instigar o participar en actos violents.
Las máximas autoridades del país consideraron que el ataque a la sede diplomática israelí, que llevó a su embajador, Yitzhak Levanon, a regresar a su país, fue un acto "inaceptable que ha perjudicado la imagen y los intereses egipcios ante la comunidad internacional".
"Egipto reafirma su total compromiso con los acuerdos internacionales, incluida la protección de todas las misiones extranjeras en territorio egipcio", apuntó Hekal.
El encuentro estuvo liderado por el jefe de la junta militar, mariscal Husein Tantaui, y el primer ministro, Esam Sharaf, quienes analizaron el estado de la seguridad, acompañados de otros responsables.
El titular de Información sostuvo que "Egipto fue escenario de un día crítico que causó dolor y preocupación a todos los egipcios ya que las conductas de algunos amenazaron la revolución egipcia y dañaron el respeto al Estado dentro y fuera del país".
Los altos cargos militares y del gobierno interino coincidieron en que Egipto se encuentra en una "circunstancia excepcional que requiere utilizar firmes medidas legales" después de que, a su juicio, algunos manifestantes "aprovecharon la contención de las fuerzas de seguridad para lanzar una provocación sin precedentes".
Los juicios militares a civiles y la Ley de Emergencia en vigor son objeto de fuertes críticas en Egipto, donde la Revolución del 25 de Enero, que terminó con el régimen del presidente Hosni Mubarak, reclamó sin éxito que fueran eliminados.
El gobierno provisional se había comprometido a derogar la Ley de Emergencia antes de la celebración de los comicios parlamentarios, cuya fecha aún no está fijada, aunque se espera que se lleven a cabo en noviembe.
Esta ley fue impuesta tras el asesinato del presidente egipcio Anuar al Sadat, el 6 de octubre de 1981, durante una parada militar con ocasión del aniversario de la guerra árabe-israelí de 1973.
Mubarak mantuvo esa norma para suspender las libertades de prensa y asociación, ampliar los poderes de los órganos de seguridad y anular los derechos civiles y políticos con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
