vitoria
EL que fuera uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, dejó escrito: "Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". Han pasado más de dos siglos y el propio país del político y científico así como el resto del estados occidentales han ignorado este sabio consejo, aterrorizados por las atroces consecuencias de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El equilibrio está roto definitivamente. Los ataques del terrorismo yihadista, primeros en Estados Unidos, y más tarde en Madrid en 2004 y al año siguiente en Londres, han llevado a las democracias occidentales a adoptar distintos instrumentos legislativos encaminados a reforzar su acción en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas normas han supuesto una auténtica conculcación de derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, la tutela judicial, la intimidad, y el secreto de las comunicaciones telefónicas o a través de Internet.
Al mismo tiempo han aumentado los poderes y facultades de los servicios de inteligencia y la policía en la lucha contra el terrorismo y han afectado de manera especial al estatus jurídico de los extranjeros residentes en sus territorios, quienes, en ocasiones, han visto cercenados sus derechos más fundamentales.
Países como Estados Unidos y Reino Unido se han llevado la palma en cuanto al recorte de derechos fundamentales y libertades públicas en pro de la seguridad: se ha aumentado el tiempo de duración de la detención preventiva, se han creado tribunales militares de excepción, en el que los abogados defensores no tenían acceso a todas las pruebas. Asimismo se ha roto el secreto de las comunicaciones telefónicas y a través de Internet, permitiendo la interceptación de comunicaciones telefónicas sin mandato judicial y obligando a los operadores telefónicos o las empresas de Internet a entregar registros de la actividad y correos electrónicos de los sospechosos de terrorismo. También se han aumentado las facultades tanto de los servicios secretos como de la Policía en la lucha antiterrorista facilitándoles el acceso a determinados datos de carácter personal sin autorización judicial, se ha detenido sin cargos, etc.
de nueva york al conflicto vasco El origen del cambio del paradigma de las seguridad tuvo su origen en la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobado escasos día después de los atentados. Dicha resolución identificó los actos de terrorismo como aquellos que amenazan la paz y la seguridad internacionales, convirtiéndose en la primera en declarar que todo acto de terrorismo representa esas amenazas. Además establece que para conseguir el derecho a la libertad personal y colectiva hay una necesidad de luchar con todos los medios contra las amenazas contra la paz. Asimismo, insta a los estados a actuar para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, de manera coordinada.
A partir de este punto los estados occidentales toman buena nota y el Consejo de la Unión Europea plasma esta filosofía en la Orden de Detención Europea, mediante la cual se establece unos procedimientos para la entrega de terroristas entre los estados miembros de una manera mucho más ágil. La cascada de decisiones continúa y tiene imprevistas consecuencias que nos afectan muy de cerca. Estados Unidos modifica su listado de organizaciones terroristas, en el que incluye ETA. El PP promueve en 2002 la Ley de Partidos y, finalmente, al año siguiente la Unión Europea, identifica a Herri Batasuna, Jarrai, Haika y Segi como grupos terroristas de ETA.
'patriot act' "En ese equilibrio entre la libertad y la seguridad ha ganado, con rotundidad, la seguridad", asegura Miguel Alonso Belza, abogado y profesor del Instituto Vasco de Criminología. "En Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos quedaron absolutamente aturdidos por el hecho de ser atacados dentro por unos enemigos extranjeros, sin tener conciencia de que las políticas norteamericanas estaban generando esos enemigos". La Patriot Act -la ley aprobada en EEUU tras los atentados que amplía la capacidad de control estatal en aras de combatir el terrorismo, legislación que todavía está en vigor- establece que cualquier persona puede ser detenida sin ningún control judicial ante la sospecha de ser una amenaza para el país de las barras y estrellas. "Esa cultura se ha ido extendiendo a todos los estados occidentales", resume Alonso Belza. En su calidad de criminólogo asegura que "el terrorismo internacional conlleva el riesgo del retroceso de las libertades y hay que luchar contra ese riesgo".
'Big Brother' El aumento exponencial de instalación de cámaras de videovigilancia en los países más desarrollados ha sido uno de los aspectos más polémicos de esta nueva era de la seguridad extrema, por cuanto colisiona con el principio de privacidad. El caso más extremo de este tipo de prácticas es el Reino Unido, por otro lado, patria de George Orwell, autor de la novela futurista 1984 que popularizó el concepto el Big Brother, el Gran Hermano que todo lo ve. En 2006, un año después de los atentados yihadistas de Londres, las cámaras de videovigilancia se contaban por millones (4,2 en concreto). Los ingleses tuvieron ese año el dudoso honor de ser los más vigilados del mundo, por una cámara de vigilancia por cada doce habitantes.
escrutinio informático Pero no solo se controla el movimiento de los ciudadanos. También sus comunicaciones están bajo el escrutinio de las policías y las distintas agencias antiterroristas. "Toda comunicación telefónica o a través de Internet que contenga las palabras clave como terrorismo, bomba, atentado o ETA está siendo controlada. Creo que la realidad supera a la ficción", asevera Alonso Belza.
Incluso desde la UE se considera que puede escaparse de sus manos el control de la información de los estados miembros que corre por Internet. Este mismo verano, la Comisión Europea lanzó un mensaje para dejar claro que la Patriot Act estadounidense no puede obligar a empresas como Microsoft, Google o Facebook a entregar a Estados Unidos información de sus clientes europeos.
El pasado mes de agosto, Google llegó a reconocer que ha entregado datos de sus usuarios europeos a las autoridades de Estados Unidos en cumplimiento de la controvertida ley antiterrorista Patriot Act, infringiendo así los términos de protección de datos que imperan en territorio europeo.
