EL llamado caso Ellacuría, referido al proceso judicial que se desarrolla en España y que reclama a un grupo de exmilitares salvadoreños para procesarlos por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes y dos mujeres que eran sus colaboradoras, ha abierto un intenso y agrio debate político en El Salvador. En el debate han salido cuestionamientos al actual sistema judicial, los altos niveles de impunidad vigentes, las acusaciones entre sectores políticos antagónicos y hasta la incredulidad de la sociedad acerca de si habrá justicia o no para tan horrendo crimen ocurrido hace más de 20 años. Los acusados son 20 exmilitares, entre oficiales, clases y soldados, que habrían tenido responsabilidad en el asesinato de seis jesuitas y de dos salvadoreñas.

Entre los jesuitas masacrados estaban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, rector y vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), que además eran dos eminentes filósofos y teólogos, integrantes de la corriente de la Teología de la Liberación.

un exministro Entre los demandados están un grupo de importantes jefes: un exministro de Defensa, dos subjefes de Estado Mayor y un jefe de la Aviación, conductores de gran parte de la guerra civil (1980-1992); así como soldados expertos en contrainsurgencia que fueron entrenados en Estados Unidos. Por primera vez en la historia salvadoreña un tribunal extranjero -en este caso español- emitió el pasado 26 de julio una orden internacional de detención contra 10 de los querellados. Nueve de ellos -porque uno falleció en mayo pasado- se entregaron voluntariamente al ejército y este envió el caso a los tribunales locales. En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador tiene el caso en sus manos y es la que al final tendrá que decidir entre al menos tres opciones: extraditar a los querellados, enjuiciarlos internamente o liberarlos.

Para organismos locales de derechos humanos el proceso abierto en España es una muestra de que en El Salvador no ha habido justicia por la impunidad vigente, según explicó Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA). Sin embargo, para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y para el partido opositor y derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el proceso judicial en España es una violación a la soberanía nacional e incluso una violación a la Constitución de El Salvador, porque pretende desconocer el ordenamiento jurídico local que ya investigó, juzgó y condenó a los culpables del asesinato de los jesuitas. En El Salvador se llevó a cabo un juicio en el que dos oficiales fueron declarados culpables pero en 1993 fueron liberados por una cuestionada amnistía. En 2001 la UCA intentó reabrir el caso, pero un tribunal declaró que el crimen había prescrito y absolvió a los implicados, que era el alto mando militar, incluido el expresidente Alfredo Cristiani.

uso partidista Por su parte, el partido de gobierno, el FMLN, también expresó que el caso Ellacuría debe ser resuelto por la justicia y con apego estricto al derecho. "Siendo éste un tema de interés nacional en el que debe prevalecer la prudencia y la responsabilidad política, por respeto a las víctimas, creemos que es inconveniente que sea asumido con propósitos grupales, partidarios o electorales", dice FMLN. "Tenemos confianza en que la institucionalidad del país funcione y rechazamos enérgicamente el uso que individuos o grupos minoritarios pretenden hacer con este caso para amenazar la estabilidad política del país".

El 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera contra San Salvador, fue intervenida la Universidad Centroamericana (UCA) por militares del Batallón Atlacatl, quienes llevaban órdenes expresas de asesinar a Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita y rector del centro docente. El rector fue sacado en pijama de su cuarto domiciliar y tirado en el jardín boca abajo. Luego se le ametralló, al igual que a los también sacerdotes Ignacio Martín-Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno; así como al salvadoreño Joaquín López. La empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina también fueron víctimas inmisericordes de la brutalidad militar ya porque llevaban la orden de no dejar testigos.