COPENHAGUE. El Gobierno liberal-conservador logró sacar adelante la propuesta, después de dos meses de disputas, gracias a los votos de su aliado, el ultranacionalista Partido Popular Danés, y del único diputado cristiano demócrata.
El acuerdo, que ha despertado críticas en la UE porque podría suponer una violación del Tratado de Schengen de libre circulación de personas, implica que treinta agentes realizarán controles desde hoy en la frontera con Alemania y diez en los transbordadores que conectan las localidades danesas de Roedby y Gedser con este país.
Otros diez operarán en la frontera con Suecia, cinco en la entrada al puente que une Copenhague con la localidad sueca de Malmoe y otros tantos en Helsingoer (Dinamarca), desde donde salen los transbordadores a Helsingborg (Suecia).
Antes de fin de año serán destinados 48 agentes más, según el plan, que pretende invertir 270 millones de coronas danesas (unos 36 millones de euros) en personal y en equipamiento tecnológico.
La última fase del acuerdo, que incluye los controvertidos puestos fronterizos, no se completará hasta 2014.
La instauración de controles aduaneros, que el Gobierno ha justificado como medida para frenar el aumento de la criminalidad, ha agitado durante semanas el panorama político danés, con discusiones entre los propios partidos que lo apoyan, la oposición, Bruselas y otros países de la UE.
Las autoridades danesas han asegurado que el acuerdo no viola Schengen y que otros países realizan controles aduaneros, aunque han reiterado que mantendrán informada a la CE de los avances del plan y que aceptarán las recomendaciones que les hagan para evitar una posible demanda contra Dinamarca en los tribunales europeos.
La decisión danesa surgió en medio de un debate sobre Schengen en la UE, que hace dos semanas acordó modificar el tratado para permitir el restablecimiento temporal de fronteras internas tras la llegada masiva de inmigrantes del norte de África.
El nuevo reglamento, impulsado por Francia e Italia, incluirá una cláusula de salvaguarda para circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento de la cooperación general de Schengen, sin menoscabar el principio de libre circulación de personas.
