Phnom Penh. Los cuatro dirigentes del Jemer Rojo acusados de la aniquilación de unos dos millones de personas en Camboya comenzaron ayer a ser juzgados por el tribunal de la ONU más de tres décadas después de que su brutal régimen fuera derrocado.
El momento más esperado del proceso que arrancó hace cinco años auspiciado por Naciones Unidas con la finalidad de rendir justicia a las víctimas se cumplió cuando se pudo ver a los imputados en el banquillo a los acusados.
Khieu Samphan, el jefe de Estado del Jemer Rojo, se encontraba sentado el primero, a su lado Ieng Thirith, la ministra de Asuntos Sociales, al lado de esta su marido, Ieng Sary, viceprimer ministro y titular de Exteriores del régimen, y cerraba por la izquierda Nuon Chea, el número dos e ideólogo de la organización que comandó Pol Pot. El mayor, Ieng Sary, cumplirá 86 años en octubre y los menores, Ieng Thirith y Khieu Samphan, tienen 79.
Están imputados por genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, asesinato, tortura y persecución por razones religiosas y de raza.
Nuon Chea, de 84 años, que llevaba un gorro azul y blanco y unas gafas de sol, fue el primero en abandonar la sala para mostrar su disconformidad con todo el proceso. "No estoy contento con esta audiencia", anunció escuetamente el Hermano Número Dos del Jemer Rojo.
Uno de sus abogados, el holandés Michiel Pestman, sostuvo durante la vista que "la investigación judicial ha sido tan injusta que el caso contra Nuon Chea debe detenerse", y acusó al Gobierno camboyano de "obstruir" las pesquisas al impedir entrevistas a testigos clave.
La defensa de Ieng Sary también se mostró molesta y alegó que la instrucción es "incorrecta" porque supone una "vulneración" de su derecho a no ser encausado dos veces por el mismo crimen.
Ieng Sary, que se retiró de la sala con su esposa por problemas de salud, fue condenado a muerte en rebeldía por genocidio en 1979 y más tarde perdonado en 1996 por una amnistía real.
El estadounidense Michael Karnavas, uno de los juristas que defiende a Ieng Sary, afirmó que el tribunal "tiene que ser un ejemplo para otras jurisdicciones de Camboya y debe por tanto respetar el derecho y el principio de legalidad".
Karnavas argumentó que el juicio de 1979 debe ser considerado "adecuado y definitivo" porque si su cliente hubiera sido capturado entonces "habría sido ejecutado".
El fiscal Andrew Cayley desestimó esta interpretación por "incorrecta" porque, en su opinión, el proceso de 1979 no fue ni "justo" ni "independiente", lo que autorizaría la celebración de un nuevo proceso.
"Es evidente que el primer juicio no tenía los requerimientos legales mínimos, porque no hubo investigación y miembros del Gobierno fueron jueces", explicó Anne Heindel, jurista del Centro de Documentación de Camboya.
Cerca de medio millar de personas, la mayoría de ellas víctimas de torturas del Jemer Rojo o familiares de aquellos que perecieron, acudieron a la sala de vistas divida en dos espacios por una mampara de cristal: una para el público y otra reservada a los acusados, guardias de seguridad, abogados, jueces y funcionarios del tribunal.
