Jerusalén. El pasado sábado, el presidente Sirio Bashar Al Assad pedía a su nuevo gobierno, frente a las cámaras de televisión, que derogase la Ley de Emergencia durante esta semana. Ayer la orden se cumplía. Tras 48 años de estado de excepción y cerca de 250 muertos en las protestas de las últimas cuatro semanas, el líder sirio llevaba a cabo la primera de las reformas que prometió cuando tomó el poder, hace ya 11 años. La agencia oficial Sana confirmaba también la abolición del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que juzgaba a presos políticos, negaba el derecho a apelación y aceptaba confesiones bajo tortura, según organizaciones de derechos humanos.

Las manifestaciones pacíficas pasarán a estar permitidas, aunque el ministerio de Interior subrayaba que "no vamos a tolerar las actividades terroristas de estos grupos armados que atentan contra la seguridad de los ciudadanos. Impondremos con firmeza la seguridad y la estabilidad en todo el país, persiguiendo a los terroristas que serán llevados ante la justicia para poner fin a toda forma de rebelión armada".

El ejecutivo pretende aprobar una nueva legislación para que las protestas sigan unas normas determinadas; según la televisión estatal, "una ley que regule el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, medidas para autorizarlo y mecanismos para proteger a los manifestantes". Sin embargo, este anuncio despierta el escepticismo de las organizaciones de derechos humanos. Al Jazeera subrayaba ayer que, horas antes del esperado anuncio, el ministerio de Interior impuso la prohibición de reunión de grupos políticos la reunión de grupos políticos y que será necesaria la obtención de un permiso para celebrar manifestaciones.

Protestas El anuncio de la derogación de la Ley de Emergencia, una de las principales demandas de la oposición, se producía pocas horas después de que las fuerzas de seguridad volviesen a disparar contra los manifestantes en la ciudad de Homs cuando celebraban el funeral de otros manifestantes.

Además, el domingo se supo que Sheikh Baddar Abu Moussa, líder de una tribu local, había muerto en una comisaría mientras permanecía detenido, y su familia denunció claros signos de tortura cuando le fue devuelto el cuerpo. Los manifestantes volvieron a salir a la calle y, como resultado, cuatro manifestantes murieron durante la madrugada del lunes por disparos de las fuerzas armadas. El lunes por la noche, los opositores regresaron a la plaza del Reloj y organizaron una sentada, que fue dispersada por la Policía dejando una nueva víctima mortal. Mientras, la ciudad de Banias, recientemente cercada por Ejército, retomaba las manifestaciones tras el anuncio de la derogación de la ley.