París. El proceso contra el expresidente francés Jacques Chirac por corrupción cuando era alcalde de París cerró ayer su primera jornada con el riesgo de quedar suspendido durante meses, si hoy se confirma el recurso de inconstitucionalidad planteado por la defensa. En este caso, calificado de histórico por ser la primera vez que podría sentarse en el banquillo un antiguo jefe de Estado galo, Chirac está imputado por la creación en el Ayuntamiento de la capital, entre 1992 y 1995, de 21 puestos de trabajo inexistentes para recaudar dinero para su partido, el conservador Reagrupamiento por la República (RPR).
La defensa de otro inculpado planteó un recurso de inconstitucionalidad sobre el que el Tribunal Correccional se pronunciará hoy y que de ser aceptado puede retrasar la vista un mínimo de medio año.
El procedimiento que pretende que se examine la prescripción de los delitos es, para los abogados de la acusación particular, una "maniobra dilatoria" y un "montaje" para evitar la comparecencia del exjefe de Estado.
Chirac no acudió ayer al tribunal porque no tenía que declarar, pero, según afirmó a la salida de la sesión uno de sus abogados, Georges Kiejman, el expresidente probablemente se personará mañana si el proceso no se aplaza, pues su intención no es "eludir la acción de la Justicia".
En la prensa se llegó a afirmar que Chirac iba a alegar problemas de salud para evitarlo, ante lo cual la ex primera dama Bernadette salió en su defensa para subrayar que "siempre ha dicho que quería ser tratado como cualquier otro" y no iba a rehuir sus responsabilidades.
El letrado Jean-Yves Le Borgne, que defiende al antiguo jefe de gabinete de Chirac en la Alcaldía, Rémy Chardon (también acusado junto a otras ocho personas), formalizó los recursos ante el Tribunal Correccional de París y el de Nanterre.
Uno de ellos está vinculado con la jurisprudencia aplicada en los últimos años en relación con ciertos delitos cuyos plazos de prescripción se prolongaron, lo que permitió encausar a políticos y empresarios después de que estos abandonaran sus cargos y perdieran su inmunidad temporal ante la Justicia.
Al proceso se llega sin la participación de la principal acusación particular, el Ayuntamiento de París, el cual se retiró después de que Chirac devolviera 2,2 millones de euros, no sin que sus abogados subrayaran que seguían considerando que su cliente no había cometido infracción penal alguna. Retirada la acusación particular del Ayuntamiento los riesgos penales para Chirac, sobre el que podría recaer una pena de hasta diez años de prisión y 150.000 euros de multa, se han visto reducidos, siempre en el hipotético caso de que el juicio siga adelante.
