londres. Amnistía Internacional (AI) dijo ayer que el expresidente estadounidense George W. Bush puede ser procesado en cualquier país tras admitir públicamente el pasado noviembre que había autorizado las torturas en los interrogatorios de los servicios de seguridad de Estados Unidos.
Bush acaba de cancelar una visita privada a Suiza, prevista para la próxima semana, en medio de las presiones de grupos de activistas que habían convocado protestas y pedido al Gobierno suizo que abriera un proceso judicial contra el exmandatario, según la prensa helvética.
AI entregó el pasado viernes un extenso informe a la fiscalía y Gobierno suizos en el que les pedía que detuvieran a Bush si viajaba al país e investigaran su papel en la ejecución de torturas.
En ese dossier, la organización recordó el compromiso de Suiza en la prevención de la tortura y señalaron los puntos de la legislación internacional que forzaban al país helvético a actuar contra el expresidente, incluyendo además centenares de documentos públicos que ilustraban las supuestas infracciones cometidas por los servicios de seguridad de los Estados Unidos.
AI afirmó que, dado que la Administración de EEUU ha desoído sus repetidos llamamientos para que se investigue a Bush, "la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto".
Matthew Pollard, que elaboró el informe entregado a las autoridades suizas, señaló que la situación cambió cuando el pasado noviembre Bush "admitió en televisión y en sus memorias, sin disculparse, que él personalmente había autorizado la técnica de tortura denominada "waterboarding".
Pollard señaló que desde el 2004 AI reclama a las autoridades estadoundenses que abran una investigación criminal que llegue a las altas instancias del Gobierno, de acuerdo con las numerosas pruebas de torturas y violaciones de la legislación internacional cometidas bajo la Administración de Bush
"Lo que está claro -declaró Pollard- es que, tras su confesión, cualquier país al que viaje (Bush) ahora tendrá la obligación de detenerle según la convención de la ONU sobre tortura".
Amnistía subrayó que los países suscriptores de las convenciones contra la tortura tienen la obligación de investigar, detener si es necesario y, si hay pruebas, procesar o extraditar a sospechosos de la comisión o autorización de esos malos tratos.
