TÚNEZ. El presidente de Túnez, Zine el Abidine Ben Alí, destituyó hoy al Gobierno y decidió convocar elecciones legislativas anticipadas en un plazo de seis meses, informó la agencia oficial tunecina TAP.
El primer ministro, Mohamed Ghanuchi, anunció la decisión de Ben Alí en declaraciones a la TAP, e indicó que el presidente le ha encargado formar un nuevo Gobierno.
Según Ghanuchi, esa resolución se adopta "en el marco de las medidas anunciadas la noche del jueves" por el presidente en su intervención retransmitida por la televisión estatal.
Ben Alí prometió en su discurso un "cambio completo y profundo" a nivel político y social en el país en el que participen todos los actores de la sociedad civil y política, incluida la oposición.
El presidente aseguró que se creará una comisión nacional integrada por todos los actores políticos para la reforma de la Constitución y para que las próximas elecciones presidenciales previstas para 2014 "garanticen el pluralismo y la alternancia en el poder".
El anuncio de la destitución del Gobierno y la convocatoria electoral legislativa anticipada se produce poco después de que la Policía disolviese con gases lacrimógenos una manifestación de más de 8.000 personas congregadas ante la sede del Ministerio del Interior para exigir la salida del poder de Ben Alí.
En otras regiones del país se celebraron también hoy manifestaciones multitudinarias contra el presidente en demanda de su salida del poder, según informaron a EFE fuentes sindicales.
En Kairouan, en el centro de Túnez, y en la capital de la cuenca minera de Gafsa, en el suroeste, miles de personas se manifestaron por las calles, al igual que en otras regiones del centro oeste, como Kaserín, Tela o Sidi Bouzid, donde se iniciaron las revueltas sociales el pasado 17 de diciembre.
El de esta tarde es el cuarto anunció de medidas y reformas que realiza Ben Alí desde que comenzaron las protestas para intentar apaciguar la contestación.
El Gobierno ha reconocido hasta el momento 21 muertos durante las protestas, mientras que los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos hablan de más de 60 víctimas mortales.
