TOKIO. Los jurados populares, compuestos por seis civiles elegidos al azar y por tres jueces, fueron implantados en el sistema legal japonés en marzo de 2009 pero hasta ahora nunca habían decidido una condena a muerte.
Japón es, junto a Estados Unidos, uno de los pocos países industrializados y democráticos donde está vigente la pena capital, que se aplica en la horca y sin testigos.
El fallo de hoy fue emitido por un tribunal de Yokohama, al sur de Tokio, al término del juicio contra Hiroyuki Ikeda, quien confesó ser autor del asesinato de dos hombres en junio de 2009 para robar 13 millones de yenes (115.000 euros, 160 millones de dólares) a uno de ellos.
Durante la vista, la fiscalía puso el acento en la violencia del crimen pues Ikeda decapitó con una sierra eléctrica a una de sus víctimas cuando aún estaba vivo y mutiló ambos cuerpos antes de desembarazarse de ellos.
El juez que presidió el caso, Yoshifumi Asayama, calificó el fallo como "apropiado" porque los asesinatos "fueron despiadados y atroces" y provocaron a las víctimas un "sufrimiento físico inimaginable", si bien instó al condenado a apelar.
Este fallo puede ser recurrido ante instancias superiores por la defensa, que había reclamado que se considerase un atenuante el hecho de que el acusado había confesado su crimen.
