El centro derecha francés respalda la política de inmigración de Sarkozy aprobando el pago de una tasa de 30 euros anuales para aquellos "inmigrantes ilegales" que quieran ser tratados por un médico del sistema público de salud. Esta iniciativa, que tiene luz verde desde el martes, se escuda, además, en las políticas de limitar el gasto público para garantizar el funcionamiento de la sanidad pública.
