París. El periódico francés Le Monde denunció ayer haber sido víctima de una violación de la libertad de prensa y acusó al Gobierno de Sarkozy de ordenar a los servicios secretos del Estado que espiasen al diario con el objetivo de averiguar qué fuente estaba filtrando información sobre el caso Bettencourt. Ésta es la supuesta operación de financiación ilegal del partido gobernante (la UMP) que habría financiado la campaña de las presidenciales (entre otras) gracias a aportaciones de la heredera del imperio L"Oreal, Liliane Bettencourt, que habría entregado fondos al actual ministro de Trabajo, Eric Woerth, cuando éste era el tesorero del partido. La acusación del rotativo parisino, sumada al escándalo de las expulsiones de gitanos de Francia y a las presiones de la oposición (que ya habla de Sarkogate) y de la comunidad internacional, han puesto a Sarkozy contra las cuerdas.

En un editorial titulado "Le Monde, el Elíseo y la libertad de informar", el influyente rotativo galo recordaba la norma que señala que "el secreto de las fuentes de los periodistas está protegido en el ejercicio de su misión de información pública", para denunciar que bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, la misma que añadió dicha protección de las fuentes, se ha "transgredido" dicha ley. "Hace unas semanas, un servicio del Estado ha sido reclutado para identificar la fuente de un periodista de Le Monde que investigaba sobre el asunto Woerth-Bettencourt", explicaba el texto, que ve en este hecho "una violación del principio que convierte a los periodistas en un necesario contrapoder".

El periódico, que formalizará una denuncia, sitúa el origen de las preocupaciones del Elíseo a mediados de julio, con la publicación de detalles de las declaraciones de algunos de los principales acusados en este escándalo, entre ellos del gestor de la fortuna de Bettencourt, Patrice de Maistre. Posteriormente, la Dirección Central de Información (DCRI) se habría puesto en marcha para tratar de averiguar el origen de las filtraciones, antes siquiera de que la fiscalía pusiese en marcha el proceso para determinar quién violó el secreto del sumario. Las pistas habrían llevado a un consejero del Ministerio de Justicia, David Sénat, y a pinchar el teléfono de este funcionario y grabar conversaciones con un redactor del periódico.

gitanos Esta polémica se une a la relacionada con las expulsiones de gitanos de Francia. Ayer el titular de Inmigración, Éric Besson, rechazó conocer una circular del departamento de Interior en la que se pedía de forma específica que se desmantelaran campamentos de gitanos, considerada racista por organizaciones humanitarias. Esa nota, firmada el 5 de agosto por Michel Bart, jefe de Gabinete de Interior, reclama "una iniciativa sistemática" de la policía: "300 campamentos o implantaciones ilícitas deberán ser evacuadas en tres meses, en particular, los de los gitanos". La alusión directa a los gitanos desmiente las declaraciones de los ministros de Interior e Inmigración, que habían repetido que su política de expulsiones no se centraba en ese grupo étnico.