BRUSELAS. Con aplausos y carteles en alto en los que se podía leer el eslogan Igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Así celebraron ayer muchos eurodiputados socalistas, liberales, verdes y de izquierda la aprobación de la resolución contra la expulsión de ciudadanos de etnia gitana, en la que exigen al Gobierno de Nicolás Sarkozy el cese inmediato de las deportaciones y en la que recuerdan que la toma de huellas dactilares de las personas expulsadas es ilegal y va contra la Carta de derechos fundamentales.

Lo cierto es que no es habitual que la Eurocámara se pronuncie con tal contundencia contra uno de sus países socios, y menos con nombre y apellidos. Pero la polémica se ha disparado tanto durante las últimas semanas, que ni los intentos del Elíseo por frenar la reprobación lograron ayer resultado. Y es que la mayoría -el texto fue aprobado por 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones- dicen estar profundamente preocupados por "las medidas adoptadas por las autoridades francesas y las de otros Estados miembros contra la población gitana e itinerante", advierten que este tipo de decisiones violan las leyes europeas sobre libre circulación porque son discriminatorias y exigen a los políticos que eviten toda "retórica incendiaria" porque lo único que hace es alimentar a los grupos de extrema derecha. Además, lamentan profundamente la falta de voluntad política de los Estados miembros durante la pasada cumbre sobre gitanos celebrada en Córdoba a la que sólo asistieron tres ministros europeos.

Las advertencias de Estrasburgo no miran sólo hacia París. También lo hacen hacia Bruselas y la Comisión Europea. A la guardiana de los tratados le critican por actuar de forma "tardía y limitada" a la hora de comprobar la coherencia de las medidas y por evitar la confrontación con el poderoso gobierno francés, que pertenece a la misma familia política que el presidente comunitario, José Manuel Durao Barroso. Curiosamente, el comisario encargado de representar ayer a esta institución en el pleno de Estrasburgo y aguantar estoicamente el chaparrón fue el francés Michel Barnier, miembro del partido de Nicolas Sarkozy.

El intento de sus aliados, el grupo popular europeo y los conservadores británicos de plantar cara al resto de formaciones políticas se quedó en el camino. Su resolución, más suave y sin críticas explícitas a Francia, cosechó ayer unos insuficientes 287 votos frente a los 328 que la rechazaron. Y es que la opinión generalizada es que las limitaciones a la libre circulación y residencia por razones de orden público, seguridad o salud pública sólo pueden ser individuales y no generalizadas, "teniendo en cuenta las circunstancias personales con las debidas garantías procesales y asegurando la posibilidad de recurso".

Desafío de Francia Aunque el mensaje supone un varapalo político en toda regla para Sarkozy no es vinculante y prueba de ello la réplica que dio ayer el Gobierno galo nada más conocer el resultado. "Quiero decir muy claramente que está descartado que Francia suspenda las expulsiones hacia los países de origen, que se trate de rumanos, búlgaros o de todo otro extranjero", respondió el responsable de inmigración, Eric Besson durante una visita a Bucarest precisamente para explicar a las autoridades su política hacia los gitanos. Un desafío claro hacia Estrasburgo. "Nosotros no tenemos que someternos a ese dictado político. No vamos a cambiar nuestra hoja de ruta", añadió.