Ciudad de México. El asesinato de 72 presuntos migrantes revelada ayer en México recordó que la violencia que afecta a los migrantes indocumentados que pasan por el país para llegar a Estados Unidos en busca de trabajo en los últimos meses necesita una solución urgente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en junio de 2009 que en seis meses, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, fueron secuestrados en México 9.758 migrantes indocumentados, lo que supone 1.626 al mes. Ante ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2010 denunció que la situación de los migrantes de distintas nacionalidades que atraviesan suelo mexicano ha sido denunciada desde hace tres años y que en ese lapso no ha "existido ninguna reacción eficaz del gobierno".
El informe emitido por la CIDH en esa fecha indica que la falta de medidas de parte del gobierno ha "desembocado en la persistencia de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica" infligidos a los migrantes.
La CIDH agrega, a su vez, que "por la falta de marcos normativos adecuados y mecanismos que garanticen sus derechos humanos" los migrantes indocumentados sufren la violacion de los mismos "por servidores públicos" que en virtud del "enfoque de gestión" permiten "al crimen organizado penetrar a fondo en las estructuras de las instituciones migratorias".
Los organismos independientes de derechos humanos de defensa de los migrantes como La casa del migrante, que está relacionada con la diócesis de Saltillo, en el norteño estado Coahuila, estima que anualmente pasan por México rumbo a Estados Unidos unos 300.000 indocumentados y que principalmente provienen de países de América Central, aunque también se encuentran de otras nacionalidades. Las bandas, algunas vinculadas al narcotráfico, atraen a sus víctimas por la fuerza o mediante engaños de que recibirán documentación que les garantizarán el arribo a sus destinos o simplemente ofreciendo trabajo en aolguna ciudad de Estados Unidos.
Lo más común de este tipo de acciones es que después de recluirlos en una casa reclamen a sus familias en Estados Unidos o en sus países de origen un rescate de entre 1.500 y 2.000 dólares para que recuperen su libertad, según informaron las autoridades mexicanas después de detener algunos de los delincuentes.
