Al menos 101 sindicalistas fueron asesinados en el mundo en 2009

"Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario", declaró el secretario general de la CSI, Guy Ryder.

El informe de este año registra una extensa lista de violaciones sufridas por sindicalistas en 140 países. "Otras violaciones siguen sin ser registradas debido a que mujeres y hombres trabajadores se ven privados de los medios necesarios para hacer oír sus voces, o bien prefieren no hablar por miedo a las consecuencias que ello pudiera implicar para sus empleos o incluso para su seguridad física", afirmó la CSI.

La CSI es la principal organización sindical internacional. Cuenta con 312 organizaciones afiliadas en 156 países y territorios y con un total de 176 millones de miembros. La CSI fue fundada en Viena en noviembre de 2006 y reúne a las desaparecidas Confederación Internacional de Organizciones Sindicales Libres (CIOSL) y Confederación Mundial del Trabajo (CMT), además de otras organizaciones sindicales que no estaban afiliadas a ninguna internacional.

El informe denuncia también al menos diez intentos de asesinato y 35 amenazas de muerte, principalmente en Colombia y Guatemala. Por otro lado, numerosos sindicalistas permanecen en prisión, y en 2009 se sumaron a ellos un centenar más. Muchos otros fueron arrestados en Irán, Honduras, Pakistán, Corea del Sur, Turquía y Zimbabue. Asimismo, indica el documento, la situación general con respecto a los derechos sindicales continuó deteriorándose en numerosos países, entre ellos Egipto, Rusia, Corea del Sur y Turquía.

"Las fuerzas antidemocráticas han seguido tomando como blanco de sus ataques la actividad sindical, conscientes de que los sindicatos suelen situarse en primera línea a la hora de defender la democracia", señala el CSI. Esto quedó patente en Honduras, durante los episodios de violencia que siguieron al golpe de Estado, y en Guinea, durante una manifestación de protesta contra la Junta Militar "que desembocaría en una terrible matanza el 28 de septiembre".

Aparte, a lo largo del año se documentaron "numerosos casos de represión de huelgas y ataques contra huelguistas", asegura la Confederación. "Miles de trabajadores y trabajadoras que se manifestaban para reclamar sus salarios, denunciar unas condiciones de trabajo extremas o los efectos perniciosos de la crisis financiera y económica mundial, fueron objeto de agresiones, arrestos y detenciones, en países como Argelia, Argentina, Bielorrusia, Birmania, Costa de Marfil, Egipto, Honduras, India, Irán, Kenia, Nepal, Pakistán y Turquía", afirma el documento.

También se ha tenido noticia en muchos países de despidos de trabajadores a causa de sus actividades sindicales. En Bangladesh, seis trabajadores de la confección que estaban en huelga para reclamar un incremento salarial y el pago de salarios adeudados perdieron la vida como consecuencia de una intervención policial.

PRESIONES E INSEGURIDAD LABORAL

Por otra parte, según el informe, los empleadores siguieron recurriendo a presiones y acciones encaminadas a destruir los sindicatos. En varios países, las empresas amenazaron a los trabajadores con cerrar las plantas de producción si optaban por organizar o afiliarse a un sindicato.

Muchas veces, las empresas sencillamente se negaron a negociar con los representantes legales de los trabajadores, "sin que las autoridades hiciesen nada al respecto". "Algunos códigos laborales fueron enmendados para permitir una mayor 'flexibilidad' y para desbaratar los sistemas de seguridad social, lo cual suele tener un impacto importante en el sistema existente de relaciones industriales y redunda en un recorte de los derechos sindicales", denuncia la CSI.

El debilitamiento de las normas del trabajo internacionalmente reconocidas ha supuesto que "cada vez más trabajadores se enfrenten a la inseguridad y vulnerabilidad en el empleo", según el documento. "El 50 por ciento de la mano de obra global tiene un trabajo vulnerable", una situación que afecta a los trabajadores de las zonas francas industriales, especialmente en el sureste asiático y en América Central, a los empleados del servicio doméstico, sobre todo en Oriente Próximo y el sureste asiático, a los inmigrantes y a los trabajadores agrícolas, prosigue.

"Conviene mencionar que las mujeres representan la mayoría de la mano de obra en estos sectores", advierte la CSI. Por otro lado, se ha constatado el crecimiento del empleo informal y el desarrollo de nuevas formas de empleo 'atípico', tanto en las regiones como en los distintos sectores industriales. "Las dificultades que encuentran estos trabajadores a la hora de organizarse o de ejercer sus derechos sindicales guardan relación directa con su posición vulnerable en el mercado laboral", recuerda la Confederación.

El informe también pone de relieve muchos casos en los que, aun cuando los derechos sindicales están oficialmente protegidos por la legislación, "las restricciones en la cobertura legal y una aplicación débil o inexistente se suman a la vulnerabilidad de los trabajadores que luchan en las profunddades de la crisis".

En un gran número de países las huelgas están severamente restringidas o rotundamente prohibidas. Aparte, una serie de "procedimientos complejos", la imposición del arbitraje obligatorio y el recurso a definiciones excesiamente amplias de los "servicios esenciales", hacen que el ejercicio de los derechos sindicales "resulte a menudo imposible en la práctica, con lo que se priva a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a contar con una representación sindical y a participar en acciones", denuncia la CSI.

CONVENIO DE LA OIT

El informe de la CSI constata también que en 2009 se celebró el 60 aniversario del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

Países como Canadá, China, India, Irán, Corea del Norte, México, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam todavía no lo han ratificado, "lo que implica que aproximadamente la mitad de la población económicamente activa del mundo no está cubierta por dicho convenio".