LIMA. La lucha antidrogas continúa marcando la relación entre Perú y EEUU, una relación que pasa por sus mejores momentos en la última década y que ha hecho del país andino uno de los aliados más sólidos con que Washington cuenta en Latinoamérica.
Pese a ser Perú el segundo productor del mundo de hoja de coca y de cocaína procesada, Estados Unidos concede a este país una décima parte de lo que destina a Colombia al respecto, y en los últimos ocho años su ayuda específica para el gobierno de Lima se ha reducido incluso en un 30 por ciento.
El "zar" antidroga peruano, Rómulo Pizarro, dijo a Efe que el Gobierno presentará a Barack Obama lo que él llamó éxitos del modelo de desarrollo alternativo de la región de San Martín (Alto Huallaga), donde la cocaína ha perdido terreno en favor del cacao gracias a los altos precios internaconales de la semilla del chocolate.
Pizarro reconoció que el narcotráfico "no se queda de brazos cruzados", y conforme se erradican hectáreas de coca en San Martín y se destruyen pozos de maceración en unos lugares, los cultivos se extienden en otras regiones limítrofes, que otras fuentes han identificado como Aguaitiya, Pichispalcasu y San Gabán.
De hecho, y según supo Efe, las próximas mediciones "oficiales" de cultivos de coca que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) hará públicas en junio van a reflejar un aumento cercano al 5 por ciento de la cifra total de hectáreas con respecto a las 56.100 documetadas en el anterior informe de 2008.
Uno de los problemas a la hora de combatir las plantaciones de coca es que éstas no son ilegales en Perú, como sí lo son en Colombia, ya que masticar la hoja de coca (lo que en quechua se llama "chacchar") es una costumbre ancestral, de origen prehispánico, y es uno de los mejores remedios contra el mal de altura o "soroche".
Existe incluso un importante "lobby" pro-cocalero dentro de las filas del Partido Nacionalista Peruano, representado por la parlamentaria andina Elsa Malpartida y la congresista Nancy Obregón, esta última acusada de vínculos con el narcotráfico.
Malpartida reconoce que "el 60 o el 70 por cien" de toda la hoja de coca está en realidad destinada a la producción de cocaína, pero insiste en su defensa del campesino cocalero, que según ella son no menos de 360.000 personas, aunque otras fuentes reducen esta cifra a menos de 50.000 personas.
Malpartida insiste en que el problema no es tanto el cultivo como el tráfico de insumos químicos para la transformación de la coca en cocaína, así como el lavado de dinero, materias en las que el mismo Pizarro reconoce que "hay todavía mucho por hacer".
Sin embargo, la propuesta de Malpartida de censar o registrar a los campesinos cocaleros para legalizarlos es vista con mucho escepticismo por todos aquellos vinculados a la lucha antinarcóticos, que consideran que el registro es solo una forma de dar coartada a todos los sembrados ilícitos.
De hecho, ya existe una institución, llamada Empresa Nacional de la Coca (ENACO) que compra hoja a los campesinos debidamente registrados, pero las 3.000 toneladas que esta firma compra cada año no representan más que el 5 por ciento de la producción total, según su gerente comercial, Juan Carlos Galdós.
Para el general Juan Zárate, que dirige el "proyecto Corah" de erradicción de coca y desarrollo alternativo, los campesinos se escudan en los certificados de ENACO para legalizar sus cultivos, pero solo destinan una pequeña parte a la venta legal y el resto lo venden al narcotráfico a precios muy superiores (diez veces más, según Galdós).
Zárate reconoce que los agentes de la erradicación, popularmente conocidos como "coreanos", "no son nada populares" ante los campesinos que pierden sus cultivos, lo que hace que los "coreanos" trabajen con un cinturón de seguridad que suele ser de un policía por cada dos erradicaores.
Los contingentes del Corah sufren con frecuencia ataques (atentados, trampas, sabotajes, contaminación del agua), que llegaron a su máximo apogeo en 2007.
Estos atentados han bajado desde entonces, aunque el pasado 27 de abril se produjo uno de los más mortíferos que se saldó con dos "coreanos" y un policía muertos.
Para Flavio Mirella, representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) para Perú y Ecuador, lo importante de la erradicación y el desarrollo alternativo es "hacer entrar al campesino en la economía formal y en la lógica de la legalidad" y no del delito.
