WASHINGTON. La ley permite que la policía detenga a cualquier persona si tiene alguna "sospecha razonable" de que es inmigrante ilegal, lo que, en opinión de sus críticos, allana el camino para la discriminación racial.
Para sus partidarios, no obstante, ello hará más posible controlar la inmigración ilegal en un estado donde hay más de 460.000 indocumentados, en su mayoría mexicanos. Hasta ahora, la detención de un sospechoso de ser inmigrante ilegal, sólo era posible en el caso de que se hubiese cometido un delito.
Además, la ley que podría abrir la puerta a un choque con el gobierno demócrata de Obama obliga a que los residentes legales en el estado porten sus documentos para demostrar su legalidad ante las autoridades.
La iniciativa, que entrará en vigor a finales de este año, también establece sanciones contra quienes empleen a inmigrantes ilegales o les faciliten la vida en el estado. "Es un arma más para atajar un problema que el Gobierno federal se ha negado resolver", dijo la gobernadora republicana al firmar la medida.
La gobernadora manifestó que la ley servirá para proteger a todos los residentes del estado, no sólo de la inmigración ilegal sino también de la actividad de los carteles de la droga que operan a través de la frontera con México.
Prometió que, una vez entre en vigor, los que se encarguen de aplicarla no centrarán su atención en los inmigrantes que residen legalmente en el país.
"No habrá medidas de la policía dirigidas contra ciertos sectores étnicos", indicó. Sin embargo, los críticos han refutado sus aseveraciones y han advertido de que la ley permitirá discriminar a ciertos grupos étnicos. También han señalado que convierte a los agentes del orden en funcionarios de los servicios de inmigración sin haber recibido entrenamiento.
Brewer firmó la ley mientras frente a la sede del Capitolio estatal centenares de manifestantes protestaban por la iniciativa que pocas horas antes Obama había calificado de "mal encaminada".
En una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca donde se manifestó partidario de reformar el sistema de inmigración de EEUU, Obama criticó la ley de Arizona. "No actuar de manera responsable a nivel federal sólo abrirá la puerta a la irresponsabilidad de otros", manifestó en alusión a su apoyo a una reforma migratoria.
"Eso incluye, por ejemplo, los recientes acontecimientos en Arizona que amenazan las nociones básicas de justicia..., así como la confianza entre la policía y sus comunidades", añadió.
Obama informó de que ha dado instrucciones a su gobierno para que se observe estrechamente la situación de los derechos civiles en Arizona.
Al mismo tiempo, advirtió de que si no se actúa pronto a nivel federal para resolver el problema de la inmigración aumentaran estas iniciativas "mal encaminadas en todo el país".
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la mayor agrupación de hispanos del país, dijo que este es "un día triste" para el pueblo de Arizona y para todo el país.
Thomas Sáenz, presidente del Fondo Mexicano-Americano para la Educación y la Defensa Jurídica (MALDEF), dijo que la nueva ley conducirá a Arizona a una "espiral de miedo, desconfianza comunitaria, aumento del crimen y de los litigios costosos".
"Este cobarde acto de la gobernadora es una ilustración de liderazgo irresponsable", añadió. Los partidarios de la medida han señalado que se necesitaba en el estado de Arizona porque el gobierno federal no había hecho respetar sus propias leyes de inmigración.
El senador republicano estatal Russell Pearce, quien fue el principal patrocinador de la ley, afirmó que no tiene carácter discriminatorio porque la presencia ilegal en el país de cualquier persona no tiene nada que ver con su raza.
"Vamos a quitar las esposas que maniatan la ley y se las vamos a poner a los malos", aseguró.
