a decisión del Gobierno español de permitir, bajo condiciones, a los menores salir a la calle a partir del próximo lunes pese a que solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma sanitaria que incluye el confinamiento general hasta el 9 de mayo supone, en primer lugar, un alivio psicológico y emocional para los niños y sus familias, sometidos a una gran presión tras cinco semanas en sus casas. A la espera de su concreción respecto a las condiciones establecidas, se trata de una medida de flexibilización coherente con la situación sanitaria actual y con la prevista -al menos en Euskadi- y que había sido ya demandada desde hace días por el Gobierno Vasco y respaldada también por varias comunidades autónomas. Una medida que, de nuevo, se ha tomado de manera unilateral, previamente a la reunión de presidentes autonómicos y de la que, al igual que otras decisiones, aún se desconoce su alcance, detalles, gestión, ámbito de aplicación, etc. En cualquier caso, se trata de un paso en la anunciada pero aún imprecisa desescalada hacia la normalidad. De ahí que el lehendakari, Iñigo Urkullu, subrayara ayer, durante la videoconferencia entre Pedro Sánchez y los responsables de las comunidades, en la necesidad de que en Euskadi, en función de la situación sanitaria que reflejan los indicadores establecidos por la OMS, se vayan ampliando las medidas para aliviar algunas restricciones y que abarquen, además de a los menores, a la apertura limitada y regulada de comercios y pequeños negocios y la autorización de la actividad física individual, todo ello bajo el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad y distanciamiento físico. Para ello, el Gobierno Vasco tiene ya ultimado un “plan de transición a la nueva normalidad” que el lehendakari entregará a Sánchez en los próximos días. Una propuesta de desescalada por etapas adaptada a la realidad sanitaria, económica y social de Euskadi. No es coherente que el presidente español plantee una desescalada “asimétrica” bajo su mando único, que se está mostrando menos ágil y eficaz. Esa transición, tal y como explicó ayer Urkullu, debe ser lógicamente compartida mediante acuerdos básicos con el Estado, pero atendiendo a la singularidad y realidad de cada comunidad y a sus competencias propias, bajo los principios de coordinación y corresponsabilidad.