La sociedades modernas son cada vez más complejas. Las cuestiones fiscales no son precisamente las más sencillas. Sin embargo, los principios en que se basan son muy simples, y accesibles a todas las personas, para su conocimiento y debate.

Además, para entender la necesidad de los impuestos en las economías avanzadas, es fundamental conocer el destino de los fondos recaudados. ¿A dónde van a parar, a qué se destinan? Para ello hay que conocer, en primer lugar, tanto el origen de los fondos públicos (el sistema fiscal) como el uso de dichos fondos (los presupuestos públicos). Así explican el funcionamiento general desde la Hacienda vizcaina que se refiere a cuestiones tales como la justicia fiscal, la progresividad, la eficiencia, entre otras. El conocimiento y el control sobre el dinero público no deben quedar en manos de unos pocos. En una sociedad democrática, es un derecho y un deber de toda la ciudadanía conocer el funcionamiento de ese sector público que conformamos todos.

Los ayuntamientos a nivel municipal, las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el Gobierno vasco en la CAV, así como el Ejecutivo navarro, tienen una gran responsabilidad para organizar y gobernar sus territorios. Es decir, que deben tomar decisiones para conseguir los recursos económicos (el dinero) que hagan posible ofrecer a la ciudadanía los servicios que necesita.

Los servicios del sector público son los ambulatorios, las escuelas, los polideportivos, los consistorios... que cubren las necesidades básicas de los ciudadanos y mejoran su calidad de vida. Este sector público tiene un papel importante en la actividad económica, ya que, entre otras cosas, es el que establece las reglas de juego de dicha actividad, y, a la par, impulsa la distribución de la riqueza mediante los impuestos, la distribución del gasto, las leyes, los organismos que se crean, etc.

El sector público está constituido por la Administración pública, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios públicos y otros entes de derecho público, y su objetivo es: lograr el mayor nivel de calidad de vida posible para toda la sociedad, tomando para ello las decisiones necesarias. Es la función de las instituciones públicas tanto de la CAV y Nafarroa (ayuntamientos, diputaciones forales y gobiernos vasco y navarro), y también en el Estado español y en la Unión Europea.

La relación financiera y de pago de impuestos entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado se rige por medio del Concierto Económico por el que las instituciones de los territorios históricos pueden establecer, mantener y regular su sistema propio de impuestos. En este caso, el Cupo es la contribución que tiene que pagar la CAV a las arcas estatales para sufragar las competencias que no le han sido transferidas por el Estado, como los gastos de Defensa, Exteriores o la Corona, entre otras.

Por su parte, la Comunidad Foral actualiza sus aportaciones al Estado de acuerdo con el Convenio Económico y, en función de las competencias que el Estado asume en el territorio foral, contribuye al Fondo de Compensación Interterritorial que contempla la Constitución como mecanismo de corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales. Por ello, las diputaciones forales tienen capacidad para gestionar, inspeccionar y recaudar los impuestos de su territorio histórico. Todo ello, respetando la coordinación, la armonización y el resto de normas compartidas en el ámbito fiscal. Esto implica que los impuestos, a excepción de los gestionados por los ayuntamientos, son recaudados por los entes forales.

Equilibrar la balanza

Pero las circunstancias cambian y en la situación económica se van dando distintos ciclos, y se presentan bonanzas económicas y épocas de crisis. Así que las personas sufren esos desequilibrios económicos. Los gobiernos deben proteger y ayudar a soportar las consecuencias de los mismos: paro, inflación... y pueden incidir en el reparto de las rentas y de la riqueza mediante los ingresos que recauda y el gasto público que realiza. Esto se consigue cobrando mayores impuestos a quienes más tienen, disminuyendo con ello las diferencias de rentas, a la vez que con esos fondos se pueden financiar otros servicios para quienes menos tienen.

Las carreteras, las escuelas, los hospitales, los polideportivos, los servicios de integración social, son bienes y servicios públicos que las instituciones públicas deben ofrecer a toda la ciudadanía. Una de sus principales características es que muchas personas pueden utilizar al mismo tiempo ese servicio público.

Los ayuntamientos son la unidad básica territorial y de Administración y ofrecen diferentes servicios a sus vecinos: Policía Municipal, biblioteca, limpieza de calles, recogida de basuras, vigilancia del aprovisionamiento de agua potable, arreglo de aceras y paseos, espacios de ocio para la juventud... Cada consistorio tiene su propio presupuesto anual, y los ingresos que necesita para ofrecer todos esos servicios provienen de diferentes fuentes, aunque las principales son: los impuestos y las tasas, las aportaciones provenientes de la Diputación Foral y los préstamos que solicita.

Por su parte, Gobierno vasco y navarro ofrecen servicios a los ciudadanos, como sanidad, la educación pública, la seguridad, el desarrollo económico, las políticas de empleo... Los ejecutivos poseen sus propios presupuestos y entre otros los ingresos más importantes son los procedentes de las aportaciones efectuadas por las diputaciones. Pero también obtiene ingresos procedentes de sus propias tasas, de las subvenciones procedentes de Europa y la obtenida de la emisión de deuda pública.

La mayor parte de los ingresos que tienen previstos las instituciones del sector público en sus presupuestos, provienen de los tributos que recauda con el objetivo principal de dotar de los recursos económicos necesarios para poder ofrecer los servicios que la sociedad requiere.

Fraude fiscal

El fraude fiscal consiste en no pagar a la Administración (Ayuntamiento, Diputación Foral...) los impuestos correspondientes a las rentas en un periodo determinado. Puede darse de muchas maneras, como la evasión de impuestos que consiste en ocultar los ingresos de dinero en el propio país, o bien en otro país (conocidos como paraísos fiscales). Otra forma es no declarar el aumento del patrimonio. La economía invisible es realizar actividades económicas fuera del circuito fiscal controlado por la Hacienda. O aplicar deducciones falsas; presentar facturas falsas... a la hora de realizar la correspondiente declaración.

El fraude fiscal reduce la capacidad de las instituciones para ofrecer los diferentes servicios (educación, servicios sociales, sanidad, becas, vivienda de protección oficial...). En resumen, tiene un impacto negativo sobre la mayoría de la población... y, en particular, sobre la población con menos recursos económicos.