- La CEOE ha acordado recomendar a patronales y empresarios “un esfuerzo de moderación salarial”, sin concretar cifra alguna, y evitar vincular las subidas salariales a la inflación, además de recordar a las empresas que se puedan descolgar de los salarios pactados en convenio colectivo en situaciones adversas. El comité ejecutivo de CEOE se reunió ayer para fijar las recomendaciones para 2022 que se trasladarán a los negociadores de convenios colectivos y acordó que “es imprescindible que las actualizaciones salariales carezcan de efectos retroactivos”.

El rechazo de la patronal al establecimiento de cláusulas de garantía salarial -por la imposibilidad de repercutir al coste del producto o servicio las subidas de salarios retroactivas- fue uno de los puntos insalvables en la negociación con los sindicatos que la semana pasada se cerró sin acuerdo. Para las organizaciones empresariales es “imprescindible” tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector a la hora de pactar subidas salariales, en un contexto de incremento de costes que las empresas “están tratando de no trasladar a los precios”.

Además, considera importante recordar a las empresas “la existencia de mecanismos de inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, previo establecimiento de un periodo de consultas. En un comunicado, la CEOE subraya que conviene tener presente que una subida significativa de los salarios podría alimentar la espiral inflacionista y suponer una “barrera de entrada al mercado laboral de las personas en desempleo” como consecuencia de la subida de los costes laborales. Por ello, la patronal apuesta por vincular los incrementos salariales a variables e indicadores económicos “cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, la evolución del PIB el indicador de garantía de competitividad o los resultados de las empresas.

En caso de que se decida vincular los salarios a la inflación, CEOE dice que “se deben establecer límites o topes”. De acuerdo con las recomendaciones, la creación de planes de pensiones de empleo puede aminorar el impacto de las subidas pactadas. A las empresas que trabajan para el sector público les recuerda “la imposibilidad” de repercutir el incremento de los costes laborales a la Administración, dado que la ley de contratos públicos no permite la revisión de los precios acordados.

Al respecto señala que la subida del 35,89% del SMI entre 2019 y 2022 ha obligado a las empresas a mantenerse en el cumplimiento de los contratos incluso a pérdidas “erosionando la negociación colectiva en su conjunto”. Asimismo, el documento aboga por sustituir “conceptos retributivos obsoletos” por otros vinculados a la productividad y los resultados, y por “transitar hacia sistemas de retribución variable, fijados con criterios objetivos, transparentes y neutros desde una perspectiva de género”.