Montero defiende el acuerdo con el PNV y ERC

La ministra explica que la entrada en vigor de la ley levará a una “eliminación de facto” de la tasa de reposición

18.11.2021 | 23:51

Madrid – En su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados como responsable de la cartera de Función Pública, María Jesús Montero remarcó su apuesta por el empleo estable y de calidad en la Administración Pública y se fijó acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando ofertas extraordinarias de empleo y ofertas ordinarias antes de junio de 2022.

Montero recordó que la temporalidad en el conjunto de administraciones públicas es del 30% y apuntó que el objetivo del Gobierno es reducirla hasta el 8%. Asimismo, la ministra defendió el acuerdo alcanzado con PNV y ERC y anticipó que la entrada en vigor del Real Decreto de interinos llevará a una "eliminación de facto" de la tasa de reposición. En concreto, explicó que la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.

La ministra también apuntó la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas, ya que el 66% de los empleados de la administración tienen más de 50 años, lo que supone que en nueve años casi el 57% de la plantilla estará jubilada.

"Necesitamos, pues, rejuvenecer las plantillas públicas, y para ello tenemos que conseguir que trabajar para la administración pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Necesitamos captar talento", explicó Montero.

En su comparecencia, Montero también explicó que su cartera sigue trabajando en la elaboración de un real decreto ley que regule el teletrabajo dentro de la función pública, con el objetivo de que esté aprobado en diciembre para su entrada en vigor el 1 de enero de 2022. Lo que se pretende, según la ministra, es incentivar que haya empleados públicos en lugares de residencia en riesgo de despoblación sin que repercuta la calidad de la prestación del servicio público.

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