- El acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con los sindicatos para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 965 euros brutos ha tensado la relación entre la patronal, que prefería esperar a 2022 para una nueva subida, y el Ejecutivo, que asegura que el incremento podría haber sido menor de haberse sumado los empresarios.

El pacto alcanzado este jueves entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC.OO. y UGT para subir un 1,57 % el SMI a partir del 1 de septiembre siguió provocando ayer reacciones, y la patronal sigue defendiendo que ahora no es el momento y avisa de un posible impacto en el empleo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó ayer en Santiago de Compostela que la subida del SMI mejorará la vida de 1,5 millones de trabajadores y ha hecho “un llamamiento” a la patronal a “resituarse”. “A veces no negociando se pierde, no sé si hablo claro. Esta ministra estaba dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que tenemos”, añadió en alusión a la CEOE.

Pero para el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, las implicaciones que este incremento tiene en algunos sectores, como la agricultura, o determinadas regiones, como Canarias o Extremadura, son determinantes para no querer hablar de elevar en SMI “en este momento”.

No obstante, Garamendi valora el buen ritmo de vacunación y la gestión que llevan a cabo las comunidades autónomas, por lo que podría haber firmado un acuerdo de haberse planteado para 2022. “Creo que en enero estaremos en una posición diferente”, dijo.

La postura de la CEOE recibía ayer las críticas de Unai Sordo, líder de CC.OO., quien señalaba en una entrevista en Onda Cero que “no es de recibo”, porque “creer que cuando una empresa quiere contratar a alguien va a dejar de hacerlo por pagar 15 euros más al mes” es “ridículo”.

Dicho esto, Sordo valoró positivamente el papel y la corresponsabilidad de la patronal durante la pandemia, con la firma de varios acuerdos, y afirmó que confía en que esta desunión no condicionará el resto de negociaciones, como la reforma laboral, la prórroga de los ERTE o la reforma de las pensiones. Unas negociaciones que, advirtió, ya de por sí “van a ser complejas porque las posiciones son bastante divergentes”.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclamó por su parte “una cierta prudencia sobre cualquier decisión” que afecte al SMI, puesto que la recuperación económica es “heterogénea” y no toca por igual a todos los sectores productivos.

En concreto, afirmó que puede tener algunos “efectos secundarios”, como por ejemplo sobre el empleo, principalmente entre jóvenes y mayores de 45 años, en la línea del planteamiento de la CEOE.

Se incluirán cambios. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogarán más allá del 31 de diciembre y que incorporarán “cambios fuertes”. “Se van a prorrogar con una duración que permita solvencia a las empresas. El 31 de diciembre es una fecha mala porque estamos en Navidades. Será una duración muy apegada a lo que necesitan las empresas”, apuntó la ministra en La Sexta, aunque no especificó la fecha hasta la que se extenderán los ERTE. Los sindicatos ya han pedido en la mesa de negociación que duren como mínimo hasta el 31 de enero de 2022.