La reforma de las pensiones permite subirlas de nuevo con el IPC

El Gobierno aprueba el proyecto de ley que enviará al Congreso para su aprobación final

25.08.2021 | 00:41
Las movilizaciones de pensionistas han logrado la revalorización de la pensión con el IPC Foto: O. Gonzalez

madrid – El Gobierno español aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto de ley con el primer bloque de medidas dirigidas a reformar el sistema público de pensiones, que pasa así al Congreso con el objetivo del Ejecutivo de poder tener en vigor estas medidas antes de fin de año.

La reforma se centra, desde el punto de vista político, en poder decir por parte de la coalición de Gobierno actual, PSOE-Podemos, que ha reformado la normativa puesta en marcha por el anterior Ejecutivo del PP y en asegurar a los 9 millones de pensionistas actuales que las pensiones se podrán revalorizar anualmente en línea con la subida de precios determinada con el IPC.

Por supuesto, a futuro, sienta las bases para evitar que el gasto se desboque, dificultando el acceso a una pensión y empujando a los actuales cotizantes a que alarguen su vida laboral ante de jubilarse.

Las medidas menos populares se adoptan con Europa como excusa. Y es que, tal y como recordó, según Europa Press, la portavoz del Gobierno, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estas reformas forman parte de los compromisos adquiridos por el Estado español con la Comisión Europea en el marco del programa de recepción de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La nueva norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno del PP Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. "Es una razón de justicia tras una década de incertidumbre", indicó Rodríguez, que cree que la reforma "recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo".

Las medidas son fruto del acuerdo del Gobierno español con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.

Además de la recuperación del IPC como referencia a la hora de subir año a año las pensiones y derogar el factor de sostenibilidad, la reforma introduce incentivos para retrasar la jubilación de forma voluntaria y revisa el modelo de jubilaciones anticipadas con el fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Entre ellas, un cheque de hasta 12.000 euros o un 4% de pensión adicional de por vida, la eliminación de excepciones en las cláusulas de jubilación forzosas o la mejora y flexibilización de coeficientes reductoras en las jubilaciones anticipadas.

Con todo, el elemento clave y en el que el Ejecutivo se tendrá que mojar de verdad adoptando medidas necesarias, –pero que posiblemente no complazcan a todo el mundo–, a la vista de la evolución demográfica española, será la fijación de la nueva normativa para sustituir el derogado factor de sostenibilidad. Se trata del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, para el cual el Gobierno se da un plazo de tiempo para intentar acordarlo en el marco del diálogo social.

La previsión del Gobierno de Pedro Sánchez, que no quiere cargar en solitario con el peso electoral de unas medidas hipotéticamente poco amables, pasa por poder introducir esta regulación vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta reforma.

Dicha vía se ha abierto tras aprobar ayer el Consejo de Ministros el proyecto de ley de la primera parte de la reforma de las pensiones, enfilando así ya el camino al Parlamento en septiembre, tal y como quería el ministro Escrivá.

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