- La respuesta de las instituciones públicas a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus está siendo muy diferente a la mostrada en la anterior Gran Recesión y, según aseguran los expertos, motivará una salida más rápida de esta difícil coyuntura. En el contexto de la apuesta por dotar de recursos financieros a las empresas, frente a las políticas de austeridad anteriores, se sitúa la iniciativa anunciada ayer por el Gobierno Vasco que contempla la habilitación de una partida de 268 millones de euros destinada a ayudar al tejido empresarial que ha sufrido las consecuencias de la pandemia de covid-19 a que pague a proveedores y bancos sus deudas.

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, explicó ayer que el origen de estas ayudas se encuentra en un real decreto del Gobierno de España por el que se otorga a Euskadi 218 millones de euros para este fin y que establece un total de 95 sectores y actividades económicas susceptibles de percibir este apoyo. El Ejecutivo vasco, sin embargo, ha decidido ampliar el presupuesto en 50 millones hasta llegar a los 268 y también ha abierto su destino a un total de 173 sectores, 78 más que los establecidos por el Estado.

Esta línea, como es lógico, acota las posibilidades de acceder a las ayudas con diversas condiciones. Una de las principales es que las deudas con proveedores o bancos se deriven de un contrato o un acuerdo de suministro realizado antes del 13 de marzo del presente año. La deuda ha tenido que ser devengada en un periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo del presente ejercicio, y ha de encontrarse pendiente de pago en esta última fecha.

Del mismo modo, estas ayudas directas y finalistas establecen una serie de requisitos para ser concedidas. El Gobierno Vasco exige a las empresas o autónomos perceptores que mantengan su actividad por lo menos hasta el 30 de junio de 2022 para garantizar que la iniciativa contribuye al despegue económico.

Otras dos condiciones más relacionadas con el sistema interno de las empresas requieren que no se repartan dividendos este año ni el siguiente y que no se acuerden incrementos en las retribuciones del personal de alta dirección en los dos años siguientes a la obtención de las ayudas económicas.

Azpiazu advirtió de que las solicitudes, que se podrán presentar hasta el 30 de julio, deberán utilizar en exclusiva la vía telemática y serán analizadas durante el mes de agosto por orden de recepción. En este sentido, pidió “calma” a quienes tengan previsto formalizar su petición porque, en caso contrario, el sistema se colapsaría.

El consejero vasco de Economía y Hacienda consideró que el presupuesto asignado será suficiente para responder a todos los requerimientos pero añadió que, si fuera necesario, el Gobierno Vasco “no tendrá problemas” en ampliar la partida. Según las previsiones de Pedro Azpiazu, la iniciativa llegará a alrededor de 35.000 beneficiarios.