- Veinticuatro horas después de conocerse que Cristian Lay ha renunciado a la reapertura de la fábrica de Corrugados en Azpeitia, la polémica política por lo ocurrido se ha adueñado del debate público con reproches cruzados y reparto de culpas que no van a modificar la sustancial: el definitivo final del proyecto industrial y su sustitución, en un plazo indeterminado, por un desarrollo residencial.
El enfrentamiento entre los representantes institucionales del PNV y de EH Bildu se agudizó con declaraciones en las que ambas partes se acusaron de mentir y ocultar información, cada uno en defensa de sus posiciones: el Gobierno Vasco partidario de reactivar la factoría, con todo lo que supone de creación de puestos de trabajo y generación de riqueza, y el Ayuntamiento, inamovible en su defensa de la planificación urbanística vigente, que cierra las puertas a la actividad industrial y prevé pisos nuevos en los terrenos que ocupa la planta.
La consejera de Industria, Arantxa Tapia, fue muy dura con la alcaldesa Nagore Alkorta (EH Bildu). Le acusó de "tergiversar", "ocultar información" y "hacer dejación de sus responsabilidades". Tapia admitió su "malestar", "tristeza" y "bochorno" por la postura del Ayuntamiento, que ha "perdido una oportunidad" en un momento especialmente delicado con el impacto de la pandemia en la economía todavía en carne viva. A esta misma conclusión llegó el secretario general del PSE en Gipuzkoa, Eneko Andueza.
En su comparecencia, la consejera exigió a la alcaldesa que "cuente toda la verdad", un relato que repasó ante los medios de comunicación desde el momento en el que la propiedad de Corrugados contactó, en febrero, con el Ayuntamiento para expresarle su intención de recuperar la fábrica. Cristian Lay trasladó sus planes tanto al Ayuntamiento como al Gobierno Vasco y la Diputación.
El 11 de marzo, la propiedad se reunió en el palacio foral con todas las partes. Según Tapia, en aquella cita, el Gobierno Vasco vio viable el proyecto pese a que precisaba de inversiones para adaptarlo a las nuevas exigencias medioambientales. Según Tapia, fue en aquella reunión cuando el Ayuntamiento puso sobre la mesa el inconveniente de la nueva calificación urbanística que pesa sobre el terreno.
A esta circunstancia se ha agarrado el Consistorio azpeitiarra para frenar los planes de Cristian Ley. A raíz del cierre de la factoría tras el impacto que provocó en la empresa la gran recesión, el Ayuntamiento aprobó en pleno una modificación de plan general que cambió el uso del suelo, pasando de industrial a residencial. Hay que tener en cuenta que la fábrica es colindante con el casco de Azpeitia, por lo que sus terrenos suponen la continuidad de la trama urbana.
Precisamente, es la unidad más sensible de la fábrica, la acería, la que está más cerca del casco del pueblo, un elemento que el Ayuntamiento propone trasladar a la zona de Trukutxo, más alejado, y que antes del cierre de Corrugados se planificó para proceder, a futuro, al citado traslado. Ante esta disyuntiva, la propiedad de Corrugados, comunicó al Ayuntamiento que se trataba de una modificación que hacía inviable la operación de reapertura por sus elevados costes, tanto económicos como de plazos.
Pese a estas pegas del Ayuntamiento, el 17 de marzo, según Tapia, la empresa envió a la alcaldesa una comunicación refutando los inconvenientes urbanísticos, respuesta que recogió en un informe jurídico que así lo determinaba. Además, la propiedad expresó a Alkorta su interés por reunirse para hablar de ello en persona. La propuesta, indicó Tapia, recibió "la callada por respuesta" del Ayuntamiento, "que no se puso en contacto con la empresa para conocer su proyecto y que ni siquiera contrastó el informe jurídico que ha ocultado durante 40 días".
Según el relató de la consejera, el capítulo final se escribió el 31 de marzo, cuando se volvieron a reunir todas las partes. El Gobierno Vasco propuso crear un grupo de trabajo para solventar los obstáculos. Pero según Tapia, el Ayuntamiento se negó "en redondo". Finalmente, el 12 de abril, mediante una llamada telefónica, se le comunicó a la empresa que la reapertura no era posible.
Al mismo tiempo en el que Tapia valoraba lo ocurrido, en Azpeitia comparecía la alcaldesa acompañada por los delegados de Urbanismo, Josu Labaka, y Medioambiente, Aitor Bereziartua. Alkorta aseguró que EH Bildu apuesta por la siderurgia, pero "no nos han dejado". Una apuesta que pasa por la ya citada parcela de Trukutxo. Ahora, el Ayuntamiento va a proceder a recuperar para el municipio los actuales terrenos de Corrugados para desarrollar viviendas. "Es momento de mirar al futuro con ilusión. Mientras tanto, trabajaremos la opción de que haya un proyecto siderúrgico en Trukutxo".
Además, de calificar lo ocurrido de "polémica mediática", la alcaldesa aseguró que detrás de las intenciones de Cristian Lay "no hay nada por escrito". "No hay proyecto, no hay plan económico, no hay plan de negocio y no hay valoración técnica ni medioambiental. Si no es así, que presenten el proyecto económico y medioambiental que tantos empleos va a crear". Alkorta se mostró muy escéptica con las intenciones de la propiedad, asegurando que se trata de "expectativas falsas" y empleos "ficticios".
Por último, dijo que el único proyecto real que se ha puesto en marcha en torno a Corrugados es el de "su desmantelamiento". Aseguró que el Gobierno Vasco lo sabe desde noviembre de 2020, porque en el expediente figura su informe con los requerimientos medioambientales que precisa la operación. Según Alkorta, la empresa de gestión de chatarra Marcos Vela ha enviado al Ayuntamiento un acta en el que "se confirma que ha comenzado el desmantelamiento" en las zonas de Amue y Marcial Ucin de la factoría.
