- El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "Quien contamina paga" y "el que usa paga".

Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso nacional es de entre dos y tres años.

No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.

Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.

En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.

Sin embargo, la principal razón es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. "Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señala el texto.

El Gobierno también aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación".

Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de carreteras.

Tras las directrices apuntadas por Europa en la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, ligeros incluidos, es decir, a todos los ciudadanos.

En España, lejos de introducir peajes, las políticas han ido en sentido contrario, en no renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas. Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas.

Fiscalidad del diésel. El Gobierno plantea la necesidad de revisar la fiscalidad de los hidrocarburos, en particular del diésel, ya que el impuesto de hidrocarburos es más elevado para la gasolina que para el gasóleo, pese a ser menos contaminante.

Pensiones. El Ejecutivo confía en contar este año con medidas para avanzar en la reforma del sistema de pensiones, para mantener el poder adquisitivo y asegurar la sostenibilidad, ante la llegada de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida.

Reforma fiscal. La vicepresidenta Nadia Calviño afirmó que habrá que esperar a las conclusiones del comité de expertos en febrero de 2022 antes de abordar las medidas.

"Errata" en la tributación. Calviño calificó de "errata" y "sorpresa" la mención que hace un anexo del Plan sobre la supresión paulatina de la tributación conjunta en el IRPF, y dejó claro que no hay nada al respecto en la reforma fiscal remitida a Bruselas.

Apoyo a las pymes. El objetivo de aumentar el tamaño de estas empresas y su productividad.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos afirma que el Gobierno pretende aprobar este mismo año un nuevo marco laboral que entre en vigor en 2022.

2.000

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno español a Bruselas y publicado ayer cuenta con más de 2.000 páginas.