- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, anunció ayer que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de manera que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, donde remarcó su compromiso de reducir la tasa actual de temporalidad en las administraciones a través de medidas “eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal”. “No se puede tener 20 años a una persona con un contrato temporal. Vamos a prohibir que se haga”, ha dejado claro el ministro, que confía en tener la propuesta pactada para el mes de junio.

“El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima”, explicó Iceta.

El ministro indicó que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros ámbitos, ya que ronda el 8%, mientras que en la administración autonómica supera el 30% y se concentra en salud y educación, y en los ayuntamientos es del 13%.

“Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro”, apuntó.

El mensaje del ministro llegó en la misma jornada de la la huegla convocada en el sector público vasco, que tuvo un seguimiento variado, más destacado en Educación y escaso en Sanidad. Los sindicatos interpelaron al lehendakari, Iñigo Urkullu, para que diga qué va a hacer para acabar con la tasa de temporalidad “más alta de Europa”.

ELA, LAB, CCOO, Satse, Steilas y ESK convocaron ayer una huelga en todo el sector público de Euskadi para pedir la consolidación de puestos temporales. No llamaron al paro ni UGT ni el sindicato de interinos de la Administración, Interinok Taldeak. La repercusión del paro fue diversa por sectores. Los convocantes cifraron en el 55 % el seguimiento en Educación, de un tercio del personal en Justicia, e inferior en Osakidetza, marcada ésta por los servicios mínimos. El transporte también se ha visto afectado y EITB emitió solo informativos.

Según los sindicatos, el seguimiento fue sobre todo generalizado entre los trabajadores públicos que sufren la temporalidad. Desde el Gobierno Vasco, los datos que se dieron confirman que el mayor seguimiento fue el de Educación, aunque las cifras del Ejecutivo reducen al 29,4% la repercusión entre el personal de la enseñanza pública. Además, un 16,4% del personal de la Administración General y de sus organismos autónomos pararon. Por ejemplo, en Lanbide el paro ha alcanzado el 15,5 %. En cambio, según el Gobierno, el seguimiento fue mínimo en Justicia —un 2,84 — y Osakidetza -el 2,87%-.

Sí fue en cambio contundente la respuesta en la calle, ya que en las manifestaciones convocadas durante la mañana de ayer en las tres capitales participaron, según los convocantes, alrededor de 18.000 trabajadores.

El secretario de Servicios Públicos de ELA, Igor Eizagirre, dijo que el mensaje de esta huelga es que las instituciones “tienen que acabar de una vez con la apuesta sistemática por la privatización del sector público y consolidar a los sesenta mil temporales del sector público”.

“Tenemos la tasa de temporalidad más alta de toda Europa, más del 40 por ciento de temporales, duplicando la del sector privado, y detrás de eso hay una intención muy clara: la de privatizar al sector público para hacer negocio con él”, apostilló el dirigente de ELA.

Esta situación en el empleo “no es un fenómeno meteorológico, detrás hay decisiones políticas. Nuestra pregunta es muy clara al señor Urkullu: ¿Qué va a hacer para acabar con la tasa de temporalidad más alta de Europa y del Estado?. ELA “lo tiene claro; vamos a seguir en la calle hasta que los temporales garanticen su empleo”. Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, reivindicó “más empleo público y poner final a la precariedad”, y ha denunciado que la temporalidad tiene “rostro de mujer”, puesto que el 69% de los temporales son mujeres.

Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi, también ha subrayado que los niveles de temporalidad en el sector público “no son sostenibles. Exigimos que se cumpla el acuerdo alcanzado en el 2010 para reducir al temporalidad al 8%, cuando ahora pasamos del 40%”, instó García.