- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere incentivar el retraso en la edad de jubilación, para lo que plantea dar un cheque de hasta 12.000 euros o subir un 4% la pensión por cada año de demora. Explicó ayer ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo algunas de las propuestas en las que trabaja para aproximar la edad de jubilación real (en torno a los 64,5 años) a la edad legal (66 años), fomentar la permanencia de trabajadores en activo y evitar la discriminación por edad. Para impulsar la jubilación demorada, es decir, más allá de la edad legal, Escrivá plantea exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social de empresas y trabajadores de forma generalizada y sin las restricciones existentes en la actualidad.

En este campo, propone también una serie de incentivos, que pasan por un “cheque” de hasta 11.000 euros por cada año de demora en el caso de pensiones máximas, que podría incrementarse un 10% adicional en carreras de cotización largas (más de 44 años y medio) acercándose a los 12.000 euros. Otra opción sería un incremento del 4% de la cuantía de la pensión inicial por cada año de demora (frente al esquema actual que oscila del 2% al 4%), o una combinación de ambas propuestas. Respecto al actual sistema de jubilación anticipada voluntaria, Escrivá explicó que es “regresivo”, es decir, favorece a aquellos que cobran pensiones más altas, siendo superiores a 2.100 euros las rentas que cobraron uno de cada tres nuevos pensionistas en 2020.

Con los cambios que plantea el Gobierno, se elimina esa regresividad, mejorando la equidad, y se incentiva la permanencia en el empleo, con un sistema de penalizaciones decrecientes determinadas de manera mensual, frente al sistema trimestral actual, y “más bajos que los actuales en la mayoría de los casos”, aseguró.

Con el planteamiento del Gobierno, la regresividad actual “se eliminaría en 6 años y de forma gradual”, de forma que las personas a las que les quede ese periodo para jubilarse no se verían tan perjudicadas.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, Escrivá señaló que a los trabajadores que vengan de cobrar el subsidio de desempleo se les aplicará coeficientes reductores y que también se revisarán éstos para rebajarlos y que tengan efecto de forma mensual. Otra de las medidas para acercar la edad real a la legal de retiro es flexibilizar el uso de la jubilación parcial, limitando al mismo tiempo su abuso. Así, propone que sólo se pueda concentrar en el primer año hasta el 60% de la jornada (frente al cien por cien de la actualidad), aunque se permitirá mantener en algunos casos el actual sistema, en el que el trabajador trabaja a tiempo completo el primer año y en el segundo no lo hace en absoluto.

Por otro lado, la propuesta del Gobierno pasa por no aplicar hasta los 68 años las cláusulas de jubilación forzosa con carácter general, para mejorar la tasa de actividad de trabajadores mayores.

El ministro aseguró que la última propuesta abordada con los agentes sociales para revalorizar las pensiones pasa por hacerlo con el IPC del año anterior con la opción de ajustar en los tres años siguientes si la inflación es negativa.

La nueva fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones se vinculará al IPC del año anterior y, si se da el caso de que hay inflación negativa en algún ejercicio, la pensión se mantiene pero se compensa a lo largo de los tres siguientes.

“Estamos discutiendo cómo ver esa compensación en deflación para que no haya sesgo de ganar poder adquisitivo”, añadió. Este punto, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, es uno de los cuatro que conforman el primer bloque de reforma del sistema de pensiones que se están discutiendo en el diálogo social con patronal y sindicatos y que Escrivá ve “cerca” de poder cerrar para volver al parlamento con una propuesta concreta de reforma de la ley de Seguridad Social.

Cambio. El Gobierno quiere cambiar las penalizaciones para las jubilaciones anticipadas y endurecerlas para aquellos que se retiren 24 o 23 meses antes de la edad legal de jubilación, pero suavizarlas para quienes elijan un retiro anticipado de hasta 22 meses. Actualmente la edad legal de jubilación son 66 años, y a partir de ahora la penalización será más dura para los que se quieran jubilar a los 64 años o 64 años y un mes, pero más baja para los que se jubilen de forma anticipadamente una vez cumplidos los 64 años y dos meses. El coeficiente reductor es ahora del 2% por trimestre y pasará a ser, sin fijar todavía una cuantía concreta, mensuales.

Para fin de año. Todas propuestas forman parte del primer paquete de la reforma de pensiones que el Gobierno está negociando con los agentes sociales para tramitarla en el Congreso. Las prisas llegan por que la intención de la Seguridad Social es que entre en vigor en la última parte de 2021.