- La pandemia canceló y paralizó gran parte de los proyectos de obras públicas hasta el punto de que las licitaciones cayeron más de una cuarta parte, un 26%, durante 2020 respecto a 2019. De este modo, se situaron en niveles de 2015, cuando el sector todavía se encontraba sumido en la profunda crisis de 2008. En consecuencia, las contrataciones se hundieron un 39%.

No obstante, Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, mejora sus perspectivas para este año y prevé que las obras públicas vuelvan a crecer entre un 1% y un 2,7%, un amplio margen por la “incierta” recuperación económica en función de la evolución del coronavirus, matiza la patronal. En este sentido, apunta a que la clave la tendrán las administraciones públicas y dependerá de su capacidad para gestionar en plazo los fondos de recuperación que concede la Unión Europea a los estados miembro. España espera este año la llegada de 34.490 millones de euros, pero la regulación de la mayor parte de esas partidas no estará finalizada hasta septiembre. En ese contexto, la organización empresarial cree que “debería plantearse a las autoridades competentes de la Unión Europea una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas”.

“Es muy complejo gestionar más de 34.000 millones en un año y eso sería diferente si empezáramos 2021 con todo tramitado”, valoró Julián Núñez, presidente de Seopan, al presentar ayer los resultados del sector en 2020 y las perspectivas que tiene la asociación que lidera y que agrupa a las mayores compañías españolas de construcción y gestión de infraestructuras públicas.

“Es un tema más de plazos europeos y de que el impacto negativo de la covid en la actividad económica va a afectar, si no a todo 2021, a una gran parte; y debería tenerse en cuenta dar algo más de plazo”, apostilló el presidente de la patronal, que restó responsabilidades a las administraciones del Estado y las trasladó a Bruselas. La resolución de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que están vinculados algo más de 24.000 millones, no se espera hasta, al menos, el 31 de agosto.

Sin embargo, Seopan también criticó a las administraciones españolas y señaló que, en 2020, en el marco de una caída general de la licitación pública de obra civil y de la contratación pública, la ejecución presupuestaria se quedó en el 68,7%. Seopan cree que esta bajada, por la que prácticamente uno de cada tres euros no se destinaron al proyecto licitado, “confirma la gravísima tendencia iniciada en 2013”. En ese año sitúa la patronal el inicio de una caída que ha llevado a que en el último lustro (2016-2020) la ejecución presupuestaria se sitúa en España en una media del 63%, 20 puntos porcentuales menos que la media entre 2007-2015.

En total, desde 2007, de los más de 190.000 millones con perspectiva de inversión se han destinado algo menos de 150.000 millones, el 79%, mientras el 11% restante no llega a su destino. Seopan calcula que esto supone una pérdida de 20.000 millones de euros en impuestos y 48.000 empleos a jornada completa. Entre las causas, la patronal apunta a “retrasos injustificados” en la licitación y adjudicación de contratos; a la suspensión de contratos por adjudicaciones a ofertas con precios excepcionalmente bajos que acaban sin completarse o por “presupuestos de difícil viabilidad económica”; así como la elevada judicialización de los problemas entre las Administraciones y los contratistas a la hora de interpretar los contratos y su cumplimiento.

“Debería plantearse a la UE una ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas”

Presidente de Seopan