unque mensajes en redes sociales atribuyen al Gobierno de Pedro Sánchez subidas superiores al 25 % en la tarifa, lo cierto es que esos porcentajes corresponden a precios establecidos en un mercado mayorista, en el marco de un sistema europeo al que España se empezó a incorporar en 1997, tras la directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Ese mercado casa a diario la oferta y la demanda existente para fijar los precios aplicables en cada hora del día siguiente. En este modelo, acordado por los distintos mercados de la UE, los compradores y vendedores que operan en España negocian a través de OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) y, para cada hora del día siguiente, se fija un precio con la oferta más cara aceptada, que será el que cobren todos.

Es decir, se parte de la oferta más barata y, si no es suficiente, la negociación continúa con otras más caras hasta completar lo demandado, de modo que la última será la que establezca el precio. Para casar ofertas y demandas, el mercado utiliza un algoritmo específico denominado “Euphemia” (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm).

Así, la demanda se empieza a cubrir con energías de menor a mayor coste: renovables como la eólica o la solar, nuclear, hidroeléctrica... y, si con ello no se atiende toda la demanda, se recurre a centrales que necesiten gas o carbón, los combustibles más caros. Si es suficiente con energías renovables el precio será más barato y, si no, más caro para todos.

Y las fluctuaciones de precios en este mercado ¿repercuten directamente en la factura de la luz del ciudadano? Pues no en la de todos, solo en la de los acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que en 2019 eran 11 millones de clientes, el 37% del total, según datos de la Comisión Nacional de la Competencia.

Aunque hay expertos que aconsejan esta tarifa como más barata a largo plazo y cualquiera puede contratarla con facilidad, la mayoría de consumidores ha optado por contratos de mercado libre con su eléctrica. Así, el 63% de los consumidores de electricidad en España (18,5 millones) tiene contratadas tarifas cerradas de mercado libre con empresas de energía.

Aparte, hay que tener en cuenta también que subidas de precios como las de estos días solo suponen entre el 35 y el 40% del total de su factura, porque el resto de lo que pagan corresponde a costes de peajes y a impuestos, explican fuentes de OMIE. Los costes de peajes se derivan fundamentalmente de lo que cobra la distribuidora por utilizar su red, a lo que se suman otros costes regulados y que representan en torno a un 40% del precio que el consumidor con tarifa regulada se encuentra en el recibo. En cuanto a los impuestos, el ciudadano paga el IVA del 21% y un impuesto sobre la electricidad del 5,1127%.

El precio de la luz en el mercado mayorista alcanzó el pasado viernes 94,99 euros por megavatio y hora (MWh), el segundo más alto de la historia (después del máximo de 103,76 euros registrado en 2002) y la asociación Facua advertía esta semana de que el promedio de precios del KWh correspondiente a los 13 primeros días del año era superior en un 38,4% al del mismo periodo del 2020.

La organización de consumidores calculaba que la factura mensual de un usuario medio de la tarifa PVPC era ahora 19 euros más cara que hace un año y el recibo ascendía a 87,33 euros, un 27,7 % por encima de los 68,40 euros que pagaba en los 13 primeros días del año pasado.

¿Cómo se explican estos niveles históricos en el precio de la electricidad? Por lo que fuentes de OMIE describen como una “tormenta perfecta”: frente a una demanda extraordinariamente elevada (la más alta desde 2012) por la excepcional ola de frío, se ha disparado el precio del gas por una demanda puntual en Asia y la aportación de la energía solar ha sido muy débil.

Tampoco ha habido una buena producción de otra renovable, la eólica, por la falta de viento durante la ola de frío, ni de hidráulica, mientras que los precios de los derechos de emisión de CO2 se mantenían muy altos.

Y estas subidas excepcionales han seguido a un 2020 de confinamientos domiciliarios y fuertes restricciones a la actividad frente al coronavirus en el que el precio de la luz en el mercado cerró con un precio medio anual de 33,96 euros/MWh, el más barato desde 2004.

El Ejecutivo no fija el precio de la electricidad, pero sí tiene algún margen para influir en él. Eso sí, ministros socialistas ya han descartado medidas drásticas como la nacionalización de alguna compañía eléctrica que reclaman sus socios de Unidas Podemos.

Fuentes del sector afirman que el actual sistema de fijación de precios no se puede suprimir sin modificar previamente directivas y reglamentos europeos y solo ven margen de actuación vía impuestos: bajar el IVA, eliminar el impuesto sobre la electricidad o suprimir el impuesto a la generación eléctrica, que no aparece en la factura porque lo pagan las productoras. Este tercer impuesto grava la producción con un 7% y las eléctricas repercuten su coste en los consumidores. De hecho, el Gobierno del PSOE suspendió su aplicación en 2018 seis meses precisamente para intentar frenar el impacto de las subidas del precio de la luz en los usuarios.

Lo que sí ha descartado el Gobierno es reducir el IVA de la electricidad. La Comisión Europea no impide bajar el IVA de la electricidad y España podría hacerlo si quisiera. Actualmente, solo seis países de la UE aplican tipos reducidos al consumo eléctrico (Italia, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Luxemburgo y Malta), mientras que el resto aplica el tipo ordinario, que en España es el 21% y en Alemania el 19%.

En comparación con el resto de la UE, el IVA de España para la electricidad es superior en 1,7 puntos al promedio europeo y en 2,6 puntos al promedio de la eurozona. Con estos datos, los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en Gestha creen que rebajar el IVA no sería decisivo para reducir el precio de la luz.

En cuanto a las advertencias de la UE, la Comisión señalaba en su informe de febrero de 2020 que España recauda “relativamente poco” por IVA, pese a presentar “una brecha de cumplimiento muy baja y una tasa de IVA estándar cercana a la media de la UE”, y ello “se debe al uso extensivo de tipos reducidos y superreducidos”.

Frente a otras opciones, el Gobierno apuesta por crear un mecanismo que actúe como “colchón” para mitigar el efecto de las subidas en los consumidores más vulnerables (podría ser un bono social) y por impulsar su anteproyecto de ley de Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el que pretende abaratar el recibo un 13% en cinco años al sacar de los costes fijos de la factura la financiación a las renovables.