El Congreso aprueba el nuevo Pacto de Toledo, guía para la futura reforma de las pensiones

El Pleno del Congreso ha ratificado con 262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, que contempla 21 nuevas recomendaciones que buscan garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

La Comisión del Pacto de Toledo, presidido por la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, ha conseguido cerrar con consenso unas propuestas debatidas durante casi cuatro años.

De hecho ha conseguido unir los votos del PSOE y del PP y, pese a la oposición de Vox y la CUP, también ha contado con las abstenciones de ERC, EH Bildu, BNG o Más País, críticos con el nuevo texto pero que consideran que hay avances.

Tras más de una treintena de sesiones, desde la XII Legislatura, en las que los miembros de la Comisión han escuchado la comparecencia de autoridades y expertos, se ha elaborado un informe que recomienda profundizar en la separación de las fuentes de financiación a la Seguridad Social para acabar con el déficit del sistema en 2023, coincidiendo con el final de la legislatura. El Estado deberá financiar de forma progresiva los gastos impropios que hasta ahora pagaba la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivados de ayudas a determinados sectores productivos, prestaciones por desempleo o vinculadas a ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad.

La mayoría de los portavoces han destacado la labor de acercamiento que ha promovido Magdalena Valerio, que ha recordado que “sólo con el consenso político y social podrán hacerse medidas eficaces para afrontar los desafíos de las seguridad social, que debe ser instrumento de cohesión que garantice la paz social y estabilidad política”.

Durante el debate, en el que también se ha rechazado un total de 19 votos particulares presentados por siete formaciones para modificar algunas propuestas, Valerio ha recordado que estas recomendaciones defienden un modelo público, contributivo, solidario y de reparto.

Se ha destacado que se proponga poder elegir los mejores 25 años de cotización para el cálculo de la pensión, que se busquen medidas para acercar la edad real a la edad legal desincentivando la jubilación anticipada, que las pensiones de viudedad no discriminen a parejas sin vínculo matrimonial previo o que se apruebe un modelo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales.

Luchar contra el fraude, mejorar el papel de las mutuas, impulsar el empleo en los colectivos de discapacitados y de inmigrantes o mejorar las carreras de cotización de las mujeres son otras recomendaciones que contempla ahora el Pacto de Toledo.

Señala además a la Carta Social Europea como referencia para establecer un indicador de lo que es una pensión suficiente y propone establecer un remanente mínimo en el Fondo de Reserva sujeto a una regla que endurezca su disponibilidad.

Vox ha votado en contra porque no acaba con el déficit de la Seguridad Social sino que lo “traspasa” al Estado, ha dicho su portavoz Pablo Sáez. La Cup también lo ha rechazado aunque por distintos motivos, ya que considera que abre la puerta a reformas regresivas. Pero desde todas las formaciones se ha valorado un acuerdo alcanzado desde el respeto.

Próximos pasos. El Pacto servirá de línea básica de actuación, por la que deberán regirse los cambios en el sistema público de pensiones en una negociación entre Gobierno y agentes sociales como sindicatos y patronal.

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Este es el cuarto informe y la tercera renovación del Pacto en 25 años.