El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de estos bancos a ser indemnizados por el Estado con 1.350 millones de euros, cuantía que las entidades desembolsaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor (Castellón). En su sentencia, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de los bancos, que en 2018 presentaron ante el Ejecutivo una “reclamación de responsabilidad del Estado”. La decisión de hibernar el almacén se tomó en 2014, después de los seísmos registrados.
