La nueva ley antifraude limitará el uso de efectivo

La norma, que ha superado todos los trámites consultivos e iniciará ahora su andadura parlamentaria, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a elecciones anticipadas frustró su tramitación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019 permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1 % mas que un año antes. “No hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos”, afirmó Montero, que destacó que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos. “Tolerancia cero contra el fraude fiscal”, añadió la ministra, que subrayó que la ley está centrada en combatir las nuevas formas de fraude tributario asociadas a las nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas y complejas.

Con el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal el Ejecutivo mantiene su objetivo de poder recaudar 828 millones cada ejercicio, una meta que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró optimista en su momento, rebajándola como máximo a 570 millones.

La norma prohibirá la producción, tenencia o comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.

Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que no se volverá “a perdonar a los incumplidores” a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes. Preguntada por la amnistía que el Gobierno de Rajoy hizo en 2012, Montero insistió en que nunca se publicaron los nombres de los beneficiarios, pese a que fue una promesa electoral de los socialistas, porque la ley lo impide.