- El Gobierno está estudiando recortar las bonificaciones de los planes de pensiones individuales y trabaja en la modificación de los tipos reducidos del IVA del 4% y el 10% de cara al borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación de las nuevas cuentas públicas.

Estas son algunas de las nuevos cambios fiscales que baraja el equipo encargado de elaborar el borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2021, formado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Alvarez, que debaten la posibilidad de reducir e incluso eliminar determinados beneficios fiscales, siguiendo las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El equipo negociador de los nuevos Presupuestos, cuyo proyecto presentará el Gobierno en las próximas semanas, estudia eliminar o reducir las ventajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones, teniendo como base las recomendaciones realizadas por la AIReF. Este beneficio fiscal a los planes de pensiones supone un coste fiscal de 1.643 millones de euros (450 millones si se tiene en cuenta el diferimiento fiscal) y tiene un carácter regresivo desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas, según señala la AIReF sobre este beneficio fiscal, cuyo objetivo es estimular el ahorro a largo plazo como complemento al sistema público de pensiones.

En la evaluación de la Autoridad Fiscal se concluía que el beneficio fiscal no alcanza el objetivo e incluso puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tiene en cuenta la fiscalidad en el momento de jubilación de ese ahorro, las comisiones del plan de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal.

El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (expresidente de la AIReF), se ha referido en múltiples ocasiones al informe de la Autoridad Fiscal y ha insistido en que los beneficios de los planes de pensiones individuales “no ayudan a aumentar el ahorro a medio plazo”, cuando lo “útil” es que a las rentas bajas y medias que precisan de una pensión complementaria se les incentive a ahorrar.

En este sentido, ha citado como modelo a seguir el de Reino Unido, que se acomete en el marco de la negociación colectiva, con el fin de “focalizar y poner el esfuerzo fiscal en privilegiar planes colectivos de empresa”, frente a los individuales, algo que también podría beneficiar a colectivos como el de los autónomos.

Igualmente, el equipo negociador del Gobierno de coalición estudia eliminar las exenciones del IVA de la educación y la sanidad privada, lo que podría suponer una aplicación del IVA del 21% para ambos, aludiendo también al informe de la AIReF, que calculaba que el coste fiscal para de la exención del IVA a la educación y a la sanidad privadas era de 1.694 y 1.763 millones de euros, respectivamente.

Además de esto, estudia también introducir una modificación respecto a los tipos reducidos del IVA del 4% y el 10%, introducidos en 1985, y que suponen el beneficio fiscal más cuantioso de todos los existentes. De acuerdo con la Memoria de beneficios fiscales, los tipos reducidos suponen una pérdida de recaudación de en torno a 2 puntos del PIB (año 2017), prácticamente la tercera parte de la recaudación del conjunto del IVA, que asciende a un 5,8% del PIB.

Actualmente los bienes y servicios sujetos al tipo superreducido del 4% son productos alimenticios básicos (pan, harinas, lácteos, huevo, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales), así como libros, periódicos y revistas; medicamentos para uso humano y vehículos y sillas de ruedas para personas con movilidad reducida, entre otros. Bajo el tipo del 10% también están los productos de higiene íntima y anticonceptivos no medicinales; las flores y servicios de hostelería, acampamento, balneario, restauración y transporte de viajeros, entre otros.

Unos 100.000 afectados. El Gobierno estudia una subida en el impuesto del IRPF para las rentas altas. Es parte de la negociación de los Presupuestos para 2021 que ultima Hacienda con Unidas Podemos y tendría un alcance muy limitado dado el contexto económico y de congelaciones salariales. Sería un repunte simbólico en un tramo alto para dar el argumento a Podemos de que ha aumentado la tributación a los ricos, según explican algunas fuentes gubernamentales. Una subida en los tramos más altos de renta afectaría a pocas personas: unas 100.000 declaran más de 150.000 euros, y tendría un impacto escaso en el consumo.