La Administración Pública costeará la tecnología para el teletrabajo

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos, pero cada administración fijará el porcentaje de trabajo a distancia

22.09.2020 | 01:12
Un hombre trabaja desde casa con un ordenador portátil. Foto: E.P.

madrid – El Gobierno ha cerrado con comunidades autónomas, corporaciones locales y sindicatos un acuerdo básico para regular el teletrabajo en el ámbito público, aunque cada administración tendrá que fijar el porcentaje del servicio que se podrá hacer a distancia para garantizar la atención presencial a la ciudadanía.

El acuerdo será aprobado por el Gobierno a través de un decreto-ley, tras firmarse ayer con UGT, CCOO y CSIF, previo acuerdo en conferencia sectorial con las CCAA y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El texto se incorporará al Estatuto Básico del Empleado Público y se aplicará al funcionariado y al personal laboral.

El personal que teletrabaje tendrá los mismos deberes y derechos que el resto de empleados públicos, debiendo la administración proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios para la actividad. El desempeño de la actividad por teletrabajo se realizará en los términos de las normas de cada administración pública y será objeto de negociación colectiva, en tanto que las Administraciones públicas que lo requieran tendrán seis meses para adaptar la nueva regulación en su ámbito competencial.

voluntario Será voluntario y su utilización se supeditará a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades. La modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria ni podrá ser absoluta: se combinará el trabajo presencial y el teletrabajo en el régimen que se establezca y que garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.

Esta modalidad habrá de ser expresamente autorizada y como requisito previo se comprobará que las tareas asignadas al puesto se puedan desempeñar a distancia, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio. Se garantizan el derecho a la intimidad o la desconexión digital y se presta especial atención a la confidencialidad y protección de datos.

UGT y CCOO valoran este acuerdo que ven garantista, con valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, porque es voluntario y reversible, y porque los gastos del trabajo no presencial los asumirán las Administraciones Públicas.

El responsable de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, señala que "era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la negociación colectiva".

CCOO pide iniciar cuanto antes las negociaciones con las administraciones estatales y autonómicas y exige un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones laborales del sector público, con el fin de cumplir el compromiso del Gobierno de dar estabilidad a las plantillas.

las claves

Atención presencial garantizada. Se combinará trabajo presencial y teletrabajo de forma que se garantice la atención directa presencial a la ciudadanía.

Formación y recursos. Se garantizará la formación en competencias digitales necesarias para prestar el servicio y la Administración costeará los equipos y la tecnología necesarios para desarrollar el teletrabajo.