- Una reforma de las pensiones dentro de la revisión de los acuerdos del Pacto de Toledo pasaría en todo caso por penalizar más las prejubilaciones a la vez que se incentivaría la demora en la jubilación, incrementando los incentivos económicos por retrasar la jubilación y reforzando fórmulas de compatibilidad con el trabajo que permitan la prolongación de las carreras profesionales, según señaló ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el transcurso de su comparencia para explicar la situación de las recomendaciones sobre las pensiones analizadas en el citado Pacto de Toledo.

Escrivá mostró su preocupación por el incremento de un 16% en las prejubilaciones durante el pasado año y recordó que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años mientras que la legal es de 65,8 años, en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media.

En su análisis, Escrivá constató además del referido aumento de las jubilaciones anticipadas, una tendencia creciente entre los autónomos a cotizar lo mínimo ante sus "dudas" sobre la viabilidad".

Al palo de penalizar las prejubilaciones le antepuso la zanahoria de incentivar el retraso en la jubilación. Para Escrivá la jubilación demorada puede resultar atractiva a todas las partes, porque genera una pensión mayor en el futuro, es un ahorro para el sistema de la Seguridad Social y es un ahorro para el empresario que emplea al trabajador veterano en cuestión por la reducción de cotizaciones. La bonificación por la demora en la edad de jubilación actualmente es del 3,2%, precisó.

José Luis Escrivá quiso separar la evolución del sistema de pensiones, de la coyuntura actual derivada de la pandemia de coronavirus y tranquilizó a los ciudadanos señalando que gasto en pensiones en España es del 10,9% del PIB, frente a la media del 12,4% del resto de países del entorno europeo, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad".

El ministro de Seguridad Social reiteró que la crisis económica por efectos del covid 19 no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria".

No obstante, auguró un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y afirmó que continuará en 2023, con un 1,4%, si no se implementan medidas como eliminar los gastos impropios, que cuantificó en unos 23.000 millones de euros, cerca el 1,6% del PIB. A juicio del ministro, dicha medida urge, ya que permitiría borrar de un plumazo el déficit de la Seguridad Social.