- El Gobierno quiere comenzar a derogar este año la reforma laboral que impuso por decreto el gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012, empezando por los aspectos que considera más lesivos como la subcontratación, la prevalencia de los convenios o su ultraactividad, este curso político, según el plan normativo aprobado ayer martes por el Consejo de Ministros.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, subrayó el compromiso por la creación de "empleo digno" y destacó el papel que debe jugar el diálogo social con patronal y sindicatos. "Somos un Gobierno que se zanja muy bien en el diálogo social", destacó.
El Ministerio de Trabajo tiene "a las puertas" tres leyes: la ley del trabajo a distancia o teletrabajo, la reforma de la estructura y el ámbito temporal de aplicación de la negociación colectiva y la norma que regula la protección laboral de las personas que prestan servicios por medios tecnológicos (los riders).
El plan normativo del Ministerio de Trabajo recoge así algunos de los aspectos de la primera fase de la derogación de la reforma laboral, como la prioridad del convenio de sector sobre el de empresa, la ultraactividad (su vigencia), los descuelgues y la subcontratación.
Tal y como avanzaba este martes El País, se trata de los puntos que ya formaban parte del programa del Gobierno de coalición.
Todos estos asuntos -como la regulación del teletrabajo o la de los riders o repartidores en plataformas- están siendo abordadas en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos. Desde los sindicatos venían reclamando la reanudación de las negociaciones para derogar la reforma laboral paralizadas por el impacto de la pandemia.
"Hay que retomar la negociación sobre la reforma laboral donde se quedó en marzo", reiteró ayer el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "El riesgo de caída salarial con la reforma PP de 2012 es grande. Los ERTES demuestran que otro modelo laboral (frente a la precariedad-despido) debe abrirse paso", señala.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró ayer en Servimedia que "las reformas laborales del Gobierno del PP no han generado ningún tipo de beneficio ni para los trabajadores ni para el sistema productivo español".
"No podemos trabajar solo sobre las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, sino que también tenemos que entrar a hablar de los problemas estructurales del país", afirmó el secretario general de UGT. A lo que añadió: "El tiempo en ningún caso puede ser una artimaña para que no se produzcan avances o desacuerdos en la negociación. No vamos a poner plazos cerrados, pero este tema habría que haberlo abordado en el mes de marzo. Ahora no admite espera".
Tras meses de vaivenes y declaraciones a veces contradictorias dentro del propio Gobierno, especialmente entre los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño, se han concretado cuáles son las cuestiones más urgentes. Estas son, según publica El País citando fuentes del Ejecutivo, recuperar la relevancia de los convenios colectivos, supresión de la prioridad de los de empresa, subcontratación y descuelgues, así como la limitación de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa. De esta forma, la apuesta por el momento es la de modificar los aspectos que se consideran más lesivos y no una derogación total. Aunque está por ver cómo se gestionan las tensiones internas.
La vicepresidenta también precisó que se aprobará la nueva Ley de Función Pública para afrontar "transformaciones renovadoras y modernizadoras" y aprovechar los fondos europeos de 140.000 millones para acometer reformas estructurales. Otras propuestas para lo que resta de año pasan por una nueva Ley de Formación Profesional o una nueva Ley de Ciencia.
En materia fiscal, apuntó que se recogen propuestas para el sostenimiento "justo" de la fiscalidad, incluyendo las dos figuras nuevas ya en tramitación (la tasa Google a las multinacionales tecnológicas y la tasa Tobin a las transacciones financieras), así como abordar los Presupuestos de 2021 que "nunca serán más importantes para un año político" para dar respuesta a los distintos objetivos. A este respecto, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apeló a todos los partidos, en especial al PP, para que "todos" participen y apoyen los Presupuestos de 2021, ya que "no es momento ni de vetos ni trincheras", sino de "trazar puentes" para conseguir unas nuevas cuentas "progresistas" que atiendan a todos los colectivos, impulsen el crecimiento, mejore las condiciones laborales y fortalezca el sector financiero.
